Enviaron a juicio oral al hijo mayor de Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz

Es por un desprendimiento de la causa en la que será juzgada la expresidenta Cristina Kirchner.

Lázaro y Martín Báez.
Lázaro y Martín Báez.

El juez federal Julián Ercolini envió este miércoles a juicio oral a Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro Báez, en una segunda parte de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, en favor de la empresa Austral Construcciones.

Se trata de otro tramo de la investigación conocida como "Vialidad", por la cual será juzgada desde el 21 de mayo la expresidenta Cristina Kirchner junto a los detenidos Lázaro Báez y los exfuncionarios Julio De Vido y José López, entre otros.

Ahora, Ercolini envió a sorteo de un tribunal oral otra parte de esa pesquisa, en la que procesó a Martín Báez, detenido en la llamada "ruta del dinero K". En esta nueva resolución, además de Martín Báez fueron enviados a juicio los exfuncionarios de Vialidad, Sergio Passacantando y Sandro Férgola; los exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad, Fernando Abrate y Gustavo Gentili; los empresarios Jorge Gregorutti y Carlos Alonso; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador Fernando Butti; y la expresidente de la constructora Kank y Costilla, Myriam Costilla.

Según recordó Ercolini en la resolución, la investigación del fiscal Gerardo Pollicita concluyó que “la maniobra aquí investigada reconocía como punto de partida el montaje de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, e integrada por Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner [primo del expresidente], Lázaro Báez y Martín Báez”, entre otros.

Esa asociación ilícita se sostuvo entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016, y "tuvo por finalidad la comisión de múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente, y de forma deliberada, de millonarios fondos públicos".

Uno de los "planes delictivos" consistió, según esta acusación, en instrumentar "una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la administración pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas, funcionarios, públicos y empresarios logró, por medio de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, obtener un beneficio económico millonario".

En la investigación, se dio por probado que durante el kirchnerismo se adjudicó prácticamente el 80 por ciento de la obra pública vial nacional de Santa Cruz a empresas de Báez, quien “recibió entre los años 2003 y 2015 contrataciones del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos”.

Este monto “actualizado a agosto de 2016 (fecha en que se presentó la denuncia penal) ascendió a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos”.

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Corresponsalía en Buenos Aires.