Rechazaron aplicarle el beneficio del "2x1" al apropiador de Victoria Donda

El fiscal Franco Picardi rechazó este miércoles aplicar el beneficio del "2x1" al prefecto Juan Antonio Azic, condenado por la apropiación de la diputada Victoria Donda y de Laura Dameris, y cuestionó el fallo de la Corte que abrió la puerta a estos planteos.

"De aplicarse la derogada ley N 24.390 al cómputo de la sentencia de Azic, nos encontraríamos frente a una palmaria violación a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de persecución y sanción de graves violaciones a los derechos humanos", sostuvo el dictamen al que accedió DyN que el fiscal presentó ante el juez Sebastián Ramos.

Según Picardi, "el condenado Azic asumió y desplegó un rol destacado en el aparato criminal organizado y montado por quienes en ese momento comandaban la Armada Argentina para llevar adelante la represión ilegal en la base naval que funcionara en la Escuela de Mecánica de la Armada".

Y "como integrante del Grupo de Tareas que operó en la ESMA, tenía pleno conocimiento de lo que sucedía en los diversos sectores del Centros Clandestinos de Detención (CCD), esto es, que había personas ilegalmente detenidas a quienes se las interrogaba bajo brutales sesiones de tortura, ya que él mismo fue reconocido como quien en ocasiones las ejecutaba, como así también, que en el lugar se improvisaba una precaria sala de parto para que dieran a luz las detenidas en estado de gravidez".

Picardi sostuvo que "resulta inapropiado que una norma reduzca las penas al grado que se pretende con la aplicación del cómputo previsto por la ley 24.390, pues de esta manera se estarían incumpliendo obligaciones de índole internacional vinculadas con el establecimiento de 'penas adecuadas' para la sanción de los delitos de lesa humanidad".

Añadió que "es importante resaltar que el monto de las penas impuestas en la condena -en este caso- de Juan Antonio Azic se presenta como el resultante de un juicio justo y acorde al esquema constitucional provisto de las garantías que regulan el debido proceso legal".