La Cámara Sucroalcoholera Argentina (CSA) realizó una presentación judicial contra el secretario de Energía.


La decisión del Gobierno nacional de congelar los precios de los combustibles volvió a desatar polémica a partir del desfasaje que se produjo con los costos internacionales por el atentado en Arabia Saudita. En medio del creciente malestar, se presentó una denuncia penal contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y tomaron fuerza rumores sobre una posible marcha atrás.

Los trascendidos adquirieron mayor entidad a partir de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien el pasado lunes reconoció que existe un contacto permanente con el sector petrolero y con los gobernadores, y no descartó la posibilidad de dejar sin efecto la medida para fijar los precios por 90 días y tratar de amortiguar el fuerte salto que el dólar registró luego de las primarias (en una semana ganó más de $13.44).

Dietrich deslizó que cualquier definición podría tomarse esta semana, pero que dependerá de la evolución de los precios internacionales. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas esta mañana por Vía País aseguraron que aún no hay novedades al respecto y desestimaron los crecientes rumores.

La crisis internacional que se desató a partir del ataque con drones perpetrado el pasado fin de semana contra una de las mayores refinerías del mundo alimentó los planteos de los grandes jugadores del mercado doméstico que rechazan el congelamiento de precios.

Es que, aunque la cotización del barril de crudo Brent (de referencia en la Argentina) recortó parcialmente el abrupto salto de los últimos días, todavía es enorme la brecha con los precios en el mercado local: la unidad se negoció este miércoles a U$S 63,89, con una baja de U$S 0,99 respecto a la sesión previa, pero aún está U$S 4,89 más caro que el denominado “barril criollo”.

Incluso, el enojo que reina en algunos sectores se materializó en una denuncia penal contra Lopetegui. La presentación la realizó la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CSA), que agrupa a los ingenios azucareros productores de bioetanol del Noroeste argentino (NOA), ante la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán.

Desde CSA acusan al funcionario nacional de incurrir en el “incumplimiento de las leyes” al restituir el esquema de fijación de precios luego de que el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, lo dejara sin efecto a principio de 2018 luego de 16 años de vigencia.

Según la presentación judicial a la que accedió este medio, los representantes de los productores de bioetanol denuncian que se “congeló el valor de los productos que elaboran las empresas asociadas, a pesar del desmesurado aumento que se produjo en los respectivos costos de producción como consecuencia de la alteración manifiesta de las variables macroeconómicas con posterioridad a las elecciones PASO”.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, lamentó “la falta de sensibilidad y criterio con la que están mirando las economías regionales” las autoridades nacionales.

“Están incumpliendo con todos los acuerdos que se habían establecidos y por eso tenemos la fórmula absolutamente atrasada”, agregó el titular de la UIT, quien se quejó porque a los funcionarios nacionales “no les importa en absoluto que de los biocombustibles dependen cientos de familias”.

Adicionalmente, en el nuevo escenario volvieron a instalarse las denuncias por desabastecimiento en estaciones de servicio, fundamentalmente en el interior del país. “Este fenómeno se da por el congelamiento que siempre genera desabastecimiento”, aseguró Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni).

El dirigente remarcó que es “crítica” la situación en las estaciones de servicio de bandera blanca y subrayó que en algunos de esos establecimientos que responden a las petroleras actualmente “hay quiebre de stock”.




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