En tanto, el sábado se realizará la primera prueba del escrutinio provisorio, sin periodistas ni partidos políticos.


La empresa Smartmatic envió a la jueza con competencia electoral María Servini su propuesta de modificación del software para las próximas elecciones generales del 27 de octubre.

Luego de las fallas registradas durante las PASO, la empresa propone generar una “base de datos espejo”, que pueda ser consultada por los fiscales de cada partido “sin que estas impacten en la estructura general de carga del sistema”, indicaron a Perfil fuentes de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez.

Adrián Pérez, durante un simulacro electoral antes de las PASO. (Rolando Andrade)

“La remediación de las causas de las anomalías permitirá contar en las elecciones generales con un sólido sistema de consultas para la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas”, había garantizado Smartmatic en un escrito que presentó hace varios días ante la jueza Servini.

Sin embargo, este mecanismo ya presentó fallas en las elecciones de Filipinas en 2016. “En esa elección filipina a la ‘base de datos espejo’ se la llamó ‘Servidor de Transparencia’, pero transparencia es lo que faltó”, explicó a ese mismo medio Enrique Chaparro, fundador de Vía Libre y especialista en auditorias informáticas.

En esa ocasión, Smartmatic modificó de forma inconsulta el código del software, en el mismo momento en que se realizaba el escrutinio. Según la empresa lo hicieron para corregir las “ñ” de los nombres de los candidatos, que aparecían “?” y no afectaron las elecciones.

Simulacro electoral de Smartmatic antes de las PASO. (Rolando Andrade).

Pero el Departamento de Justicia de Filipinas no lo aceptó y acusó a Marlon García, jefe de soporte técnico de Smartmatic, y a tres agentes de la Comisión Electoral de violar la ley de prevención de delitos cibernéticos.

“Lo grave es que no se sabe si esas fueron las únicas alteraciones que se hicieron. Es decir, pueden cambiar resultados sin que la base de datos espejo note la intervención. Y en Filipinas hay un solo escrutinio, a diferencia de la Argentina, por eso va a quedar siempre la duda de si se alteró el resultado en favor de un candidato. Cualquier modificación debe hacerse con anterioridad. Esto demuestra la improvisación y la falta de capacidad de la empresa”, sostuvo Chaparro.

Otros especialistas consultados por Perfil agregaron que el cambio propuesto por Smartmatic es insuficiente.

“Lo que hay que hacer ahora es auditar el sistema de espejación, es decir comprobar que replique lo que realmente está sucediendo y no otra cosa”, indicó Chaparro.

La participación de Smartmatic en las tareas del escrutinio provisorio se encuentra judicializada a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el Frente de Todos, que mantiene el reclamo de apartamiento de esta empresa de origen venezolano y con sede en Londres. Crédito: EFE/NATHALIE SAYAGO.

“Las medidas que está tomando la empresa sirven para encubrir más que para solucionar el problema porque el módulo de consulta, que es el que se está modificando, es totalmente independiente del sistema de procesamiento de los datos”, explicó Ariel Garbatz, Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y perito de la justicia federal.

Iván Arce, especialista en seguridad informática, sostuvo: “Las acciones que se llevan adelante inspiran más desconfianza. Un sistema es más seguro si se abre para ser auditado porque con más personas hay más posibilidades de encontrar fallas. Si un hacker quiere entrar se le va a hacer más fácil si se trata de un programa cerrado”.

Primera prueba piloto

En tanto, la primera prueba piloto del escrutinio provisorio prometida por la empresa Smartmatic a la Justicia será realizada este sábado, de carácter “interno”, sin transmisión de datos, y con la presencia de veedores informáticos, y de representantes del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, pero no de partidos políticos ni de prensa.

Así surge de la cédula enviada en la últimas horas por la jueza Servini al Consejo de la Magistratura de la Nación, en la que le requiere la designación de los veedores judiciales que participarán de la “prueba integral del Sistema de Recuento Provisional de Resultados (RPR)” a desarrollarse este sábado desde las 10 hasta las 15.

“La prueba será exclusiva para personal autorizado de Smartmatic, DINE, Correo Argentino y Veedores Judiciales”, consigna la notificación remitida al director a cargo de la Administración General del Consejo de la Magistratura, en la que se le requiere formalizar la designación de veedores, tal cual lo dispuesto por la Justicia.

De esta forma, quedó confirmado que, para esta convocatoria, en la que la empresa Smartmatic mostrará por primera vez los cambios que introdujo para subsanar la falla registrada en el proceso del escrutinio provisorio de las PASO, que demoró casi una hora y media, hasta las 22:20, la difusión de los primeros resultados, las fuerzas políticas y la prensa no serán de la partida.

En este sentido, fuentes del Ministerio del Interior explicaron que la de este sábado “es una prueba interna con los veedores” y que la segunda convocatoria, ya fijada para el 5 de octubre, tendrá ya sí carácter de “simulacro integral”, y se realizará con la presencia de representantes de los partidos políticos y abierta a la prensa.

El candidato a la presidencia argentina por el Frente de Todos, Alberto Fernández, durante un evento de campaña en Buenos Aires (Argentina). Crédito: EFE/Tono Gil.

La participación de Smartmatic en las tareas del escrutinio provisorio se encuentra judicializada a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el Frente de Todos, que mantiene el reclamo de apartamiento de esta empresa de origen venezolano y con sede en Londres, que, luego de una licitación internacional, desplazó a la española Indra, que había realizado ese trabajo en los últimos 22 años.

Ese planteo había sido realizado por el Frente de Todos ya antes de las PASO y, con las fallas registradas ese día, concentradas en el módulo de consulta de los fiscales partidarios, sus objeciones se reafirmaron.




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