Al ex ministro de Energía lo acusan de realizar negociaciones incompatibles con la función pública y a la titular de la Oficina Anticorrupción de abuso de autoridad y encubrimiento.


El juez federal Luis Rodríguez procesó este viernes al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa en la que se investiga si benefició a la empresa Shell, de la que había sido directivo y accionista, desde la cartera energética.

El magistrado también procesó a la secretaria de Etica Pública, Laura Alonso, por el delito de encubrimiento, informaron fuentes judiciales a Télam.

El juez les trabó, además, embargos por 1.200.000 de pesos a Aranguren y 1.000.000 de pesos a Alonso, según consta en el fallo de 136 páginas.

“Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”, sostuvo el magistrado.

En relación a la situación de Alonso, el magistrado sostuvo que la Oficina Anticorrupción que dirigía, una entidad de “importancia” en la lucha contra la corrupción, “deliberadamente omitió tomar conocimiento de los hechos aquí investigados y realizó medidas de prueba superfluas, lo cual a la postre fue utilizado en la causa criminal por el imputado para peticionar un temperamento liberatorio”.

“En el expediente iniciado en la OA con relación a Aranguren, la encartada hizo caso omiso a que aquel hubiera delegado en un inferior directo suyo la presidencia de CAMMESA (Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que se hubieran efectuado pagos millonarios a la empresa Shell, e incluso no reparó que hasta el propio funcionario dijera que tomaba conocimiento de todo esto por su vocero de prensa”, remarcó el juez Rodríguez.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron a Aranguren, quien dejó el cargo de ministro en junio de 2018, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell”.

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”, que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, lo que habría puesto “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.

Los diputados dejaron constancia en su denuncia de que el 16 de marzo de 2016 alertaron sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta.




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