Se trata de "Hotesur" y "Los sauces". Los juicios contra Cristina, Florencia y Máximo aún no tienen fecha de inicio.


La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió el pasado lunes que dejará de ser querellante en las causas conocidas como “Hotesur” y “Los sauces”, que tienen como imputados por delitos contra la administración pública y lavado de dinero a la vicepresidente Cristina Fernández​ y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En la causa “Hotesur” se investiga si la familia Kirchner usó dinero del estado para beneficiar a su socio y cliente, Lázaro Báez, quien ganó millones de dólares en contratos de obra pública. Durante años, Báez pagó precios exorbitantes para usufructuar los hoteles K en Santa Cruz. Además, “Hotesur” fue contratada por Aerolíneas Argentinas para alojar a las tripulaciones cada vez que volaban a El Calafate.

El hotel Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner en Calafate. (Foto: OPI Santa Cruz)

En tanto, en “Los Sauces” la familia Kirchner está acusada de usar una inmobiliaria para alquilar propiedades a dos clientes: Báez y el líder del holding “Indalo”, Cristóbal López. La hipótesis es que los Kirchner lograron “blanquear” dinero de origen ilícito facturándolo como rentas.

Según pudo averiguar Clarín, la OA -cuyo titular es el abogado y ex fiscal Félix Crous– abandonó la querella en los dos juicios a través de dos textos breves y formales.

Las causas de referencia ya se encuentran elevadas a juicio, transitando la etapa de instrucción suplementaria ordenada por el Tribunal Oral y a la espera del inicio del correspondiente debate oral y público, con excepción de la causa N° 11.904/2014, que actualmente se halla en plena etapa de instrucción ante el Juzgado Federal a cargo de la pesquisa, con un requerimiento de citación a indagatorias formulado por el Fiscal interviniente”, dice el primer argumento de la OA.

Félix Crous, el titular de la OA designado por Alberto Fernández. (Clraín)

El segundo indica que gracias a la querella de la gestión anterior en estos juicios, el impulso de la acción penal se encuentra garantizado “por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.

El tercer argumento afirma que a la OA le faltan empleados jerárquicos para trabajar en estos dos procesos y que debe querellar en expedientes “más complejos”, por lo que demandan una “particular experticia en delitos de corrupción pública”. El titular de la OA agrega que esos casos tienen “mayor actualidad”.

Con esta decisión, segura Clarín, la OA genera un vacío que ayuda a la defensa de la principal acusada por corrupción que es, a la vez, la segunda en la línea de sucesión presidencial.




Comentarios