Se cayó la sesión especial virtual pedida por Juntos por el Cambio con el objetivo de debatir los atributos para el jefe de Gabinete.


Se había cumplido la hora y había conectados solamente 124 diputados, no los 129 requeridos para tener cuórum. Y así se cayó la sesión especial virtual de la Cámara Baja pedida por Juntos por el Cambio con el objetivo de debatir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial que le otorga superpoderes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Estuvieron presentes el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, encargado de presidir la sesión; los diputados del interbloque JPC, y siete opositores de otras bancadas que también están en contra de la ampliación de facultades.

Ellos son Graciela Camaño —que tiene proyecto propio para derogarlo— y Jorge Sarghini, de Consenso Federal; el socialista Enrique Estévez y el progresista Luis Contigiani, ambos de Santa Fe.

También dieron cuórum los dos trotskistas, Nicolás del Caño y Romina Del Pla, y el mendocino José Luis Ramón, a quien JPC cuestionó en la última sesión de la Cámara Baja por haber votado en contra de tratar el DNU sobre tablas, cuando minutos antes lo había criticado.

Ramón, al igual que Camaño, también tiene un proyecto en contra de ese decreto. Ambas iniciativas figuraban en el temario de la sesión caída.

Quiénes faltaron

En total fueron 15 los opositores que no se presentaron a esta sesión virtual por los superpoderes a Cafiero.

Entre los ausentes figuran 7 del interbloque Federal: su presidente, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos, del Bloque Justicialista; Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, y los schiarettistas Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio.

Del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), que preside Ramón, faltaron otros 7 diputados: Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, del Frente de la Concordia Misionero; Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y los dos compañeros del bloque de Ramón, Unidad y Equidad Federal: Antonio Carambia y Pablo Ansaloni.

Estos tres últimos diputados, Ávila, Carambia y Ansaloni, son los que se fueron del interbloque JPC y a quienes Macri les pidió que devolvieran sus bancas.

También estuvo ausente Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

“Los diputados de JPC dimos quórum en la sesión de hoy para intentar derogar los superpoderes del jefe de Gabinete para modificar el 100 por ciento de las partidas del presupuesto. Algunos legisladores de la oposición nos acompañaron. El oficialismo sigue poniendo trabas”, afirmó el presidente del interbloque opositor, el radical cordobés Mario Negri.

Nada nuevo bajo el sol

La historia se repitió entre 2016 y 2019: cuando el Frente para la Victoria impulsaba un asunto complicado para el gobierno de Macri, Cambiemos bloqueaba la posibilidad de realizar una sesión al negarles el cuórum. Lo hicieron, por supuesto, mientras la oposición moderada, el peronismo no kirchnerista, les garantizó su colaboración.

Este jueves fue al revés: Juntos por el Cambio pidió una sesión para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que le otorga superpoderes a Cafiero. Como los 119 diputados del Frente de Todos no asistirán, ya era difícil que este espacio opositor lograra el cuórum.

Lo que pasa, entonces, es lo que en términos parlamentarios se denomina sesión en minoría: es decir, una sesión sin validez legal, sin la posibilidad de sancionar nada, pero sí con los diputados reunidos en el recinto (esta vez algunos de manera presencial y el resto desde ubicaciones remotas, pero todos conectados a una misma sala virtual a través de sus computadoras).

En esa sesión en minoría, JPC aprovecha para, como se dice en la jerga política, pegarle duro al gobierno de Alberto Fernández por la ampliación de las facultades al jefe de Gabinete para manejar dineros públicos como quiera. Pero también para criticarlo sobre otras cuestiones.

Es que la unidad nacional en contra de la pandemia de Covid-19, la enfermedad respiratoria que ocasiona el coronavirus SARS-CoV-2, ya se acabó. La tregua se hizo pedazos hace dos semanas, cuando el mismo presidente Alberto Fernández cuestionó a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri, a quienes les atribuyó un “enorme proceso de degradación del Estado”. En paralelo, Horacio Rodríguez Larreta también fue centro de críticas por el manejo de los permisos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el distrito con más casos confirmados de Covid-19 del país, seguido por la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

Del lado de JPC, también sus principales referentes, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, fueron endureciendo sus discursos y tratando de representar el enojo de los trabajadores y empresarios impedidos por los propios gobiernos nacional y provinciales de volver a trabajar y a funcionar.

El DNU en cuestión es el 457/20. Cafiero ya tiene los superpoderes a su disposición: los DNU tienen vigencia desde el momento en que son dictados y publicados en el Boletín Oficial y solamente caen una vez que son rechazados por el pleno de ambas cámaras.

De modo tal que aunque JPC hubiera logrado este jueves un milagro parlamentario, el DNU eventualmente rechazado por Diputado debiera haber sido girado al Senado, donde el Frente de Todos tiene 41 de los 72 senadores y JPC, 25. Es decir, imposible.

Qué dice el DNI

El decreto 457/20 eliminó el tope del 5 por ciento que establecía la ley de Administración Financiera en su artículo 37 para transferir recursos presupuestarios de una partida a otra sin aval del Congreso.

Para el radicalismo, eso supone un avasallamiento de las competencias del Congreso porque “se reimplantan los denominados ‘superpoderes’ poniendo en cuestión una atribución del Congreso, tal vez la más importante, que es aprobar la ‘ley de leyes’”, es decir el Presupuesto.

Para el radical Gustavo Menna, esta decisión vuelve la situación institucional del país previa a 2016 y con “un escenario agravado”, debido a la ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre, la primera de Alberto Fernández, que ya había delegado competencias propias del Congreso al jefe de Gabinete.

“No podemos permitir que el 100% del Presupuesto pueda ser alterado por la decisión de un funcionario”, señaló el chubutense en la última sesión de la Cámara Baja.




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