Acuerdan la reanudación de las visitas a los penales bonaerenses después de las protestas

Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, Organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos de distintas unidades carcelarias acordaron la habilitación de las visitas a los penales a partir del sábado 14 de noviembre.

Según un comunicado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el acta del acuerdo fue rubricada luego de que presos alojados en los penales de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín iniciaran hoy un reclamo en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas por el aislamiento impuesto para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus.

El Gobierno bonaerense a través de una mesa de dialogo conformada desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio buscaba destrabar la protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales.

En algunos videos difundidos desde el penal, se observó cómo los privados de su libertad suben a los techos y en otros casos fueron a buscar a la policía. En las imágenes se ve y escuchan los disparos de los guardiacárceles para intentar repeler el motín.

En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener videollamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".

Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó en las Unidades 46 y 48 de San Martín.

En San Martín hubo tres mujeres y cinco hombres celadores de rehenes que ya fueron liberados, dijeron las fuentes. Las fuentes añadieron que tanto en Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público.

"El restablecimiento de las visitas familiares presenciales implica una articulación coordinada de varios ministerios y municipios para la puesta en marcha de los protocolos, algo que no se puede implementar de un día para otro", había dicho un vocero de SPB.

Sin embargo, cuando ese diálogo estaba avanzando comenzaron a pedir la morigeración de las penas, por lo que hubo un compromiso de trasladar ese reclamo a los juzgados correspondientes.