Panorama político nacional: Hasta las tragedias agrandan la grieta

La tragedia del submarino ARA San Juan que conmocionó al país y unió a los argentinos en la espera de un milagro, dejó al descubierto diferencias políticas irreconciliables entre el Gobierno y gran parte de la oposición.

La desaparición del navío llevó a la gestión de Mauricio Macri a un momento difícil, después de moverse con holgura durante la primera mitad del mandato en la que la construcción de poder le resultó más sencilla de lo que imaginaba, ayudado por la fragmentación del peronismo.

En la Casa Rosada esperaban gestos de solidaridad de la oposición para con las familias de los 44 submarinistas, pero primó el silencio, tal como sucedió en diciembre de 2016 con la muerte de 43 gendarmes en el desabarranco de un colectivo en Salta.

Los funcionarios hablan de muestras de humanidad ante la desaparición de 44 personas. La ex ministra de Defensa Nilda Garré fue una de las pocas que se expresó desde el kirchnerismo: defendió la reconstrucción del navío, que estuvo a cargo del Gobierno anterior en 2014.

Cristina Kirchner, quien hoy es la mayor expresión opositora a Macri, escogió el silencio. En su entorno sostienen que fue por respeto a las familias y porque quien debía hablar era Macri. Pero en la Rosada lo asocian más a mezquindades ideológicas.

El macrismo le achaca al kirchnerismo asociar todo lo que lleva uniforme a la represión, la dictadura, los años de plomo, cuando en este caso algunos de los submarinistas desaparecidos tienen apenas 27 años.

Frente a la consternación social, el Gobierno pareció pasar de un manejo de crisis a una crisis de manejo comunicacional en la que ni Macri ni los ministros hablaron durante ocho días, dejando al vocero militar Enrique Balbi como único contacto con la opinión pública.

Tensión y cambios

La relación del Gobierno con la Armada, al mando de Marcelo Srur, venía muy tensa desde que en octubre el ministro de Defensa, Oscar Aguad, presentó su plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas. La salida de Srur sería una cuestión de tiempo.

El disgusto del Gobierno con la actuación de la Armada no es ocultado por ningún vocero oficial, aunque el viernes en público Macri haya puesto paños fríos al sostener que no es momento para “aventurarse a buscar culpables”.

Pero la decisión está tomada: una vez que pase la crisis, Cambiemos descabezará la cúpula de la Armada, el fusible más previsible en una serie de cambios que podría llegar incluso hasta Defensa, con la eventual salida de Aguad.

Los funcionarios no asumen como propias las responsabilidades de la tragedia: ponen el dedo sobre la cadena de mandos de la fuerza militar implicada y apuntan contra las tres décadas de desinversión en el sector.

La trágica desaparición del submarino llevó al Gobierno a abocarse a resolver el problema, para el cual recibió ayuda de 16 países entre los que están los Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, pero sin descuidar la agenda de cambios.

La marcha reformista que llegó a su etapa legislativa tras una ardua negociación política en la que el Gobierno logró persuadir a los gobernadores para conseguir su apoyo, alcanzará su primer hito el jueves cuando el Senado trate la reforma previsional.

Esa disputa, en la que a pesar del cambio impuesto por senadores del PJ el Gobierno se siente victorioso, es netamente económica: el nuevo cálculo para ajustar las jubilaciones y la AUH significará un recorte de 138 mil millones de pesos en 2018.

Disputa laboral

Con el apoyo del bloque peronista que lidera Miguel Pichetto, el avance de los cambios previsionales serán casi un trámite exprés. Lo que lo que preocupa el Gobierno –aunque sin quitarle el sueño- son los tiempos para los cambios tributarios.

Hay sectores económicos que lanzaron un fortísimo lobby para voltear nuevos impuestos internos. Y en la oposición hay un mar de dudas sobre si la mejora económica que promete Cambiemos terminará de compensar a las provincias.

La incidencia de los gobernadores sobre los senadores, en tanto, parece no ser decisiva: si bien ya se comprometieron, no quieren pagar el costo político de medidas antipáticas para la opinión pública como lo es la Reforma Laboral.

El Gobierno quería evitar la presencia de Cristina –que ocupará su banca el 10 de diciembre- en los debates reformistas. La ex mandataria no llegará a discutir las jubilaciones pero sí las reformas tributaria y la laboral.

En el ministerio de Trabajo responden que los cambios a la legislación laboral podrían demorarse incluso en Diputados, hasta las sesiones extraordinarias de febrero. La resignación oficialista está dada por las palabras del pichettismo: “No vamos a debatirlo hasta que la CGT dé la cara”. Pero la central obrera está más cerca de la fractura que de la unificación discursiva.

Con Pablo Moyano y la Corriente Federal que lleva al bancario Sergio Palazzo a la cabeza, una facción crítica de la CGT ya se expresó en contra de la Reforma Laboral y prometió dar la pelea para que el proyecto no se convierta en ley.

Con un guiño a Moyano y Palazzo, el diputado kirchnerista Héctor Recalde sostuvo que la reforma laboral generará inseguridad jurídica, litigiosidad y más trabajo no registrado. Y señaló que la previsional “es una defraudación” a los jubilados porque son lo que más “pierden”.

Macri sigue confiado en que el peronismo dialoguista entenderá las distorsiones estructurales que tiene el país para despegar económicamente y apoyará en el Congreso el avance de las reformas.