El Gobierno afirmó que el príncipe saudí tiene "inmunidades especiales"

El príncipe saudí Mohamed bin Salman fue el primero en llegar al país del Grupo de 19 países más Unión Europea que integrarán la cumbre del G20 este viernes y sábado en Buenos Aires, con Mauricio Macri como anfitrión.

Salman aún no ha pedido entrevista con el presidente de la Argentina pero desde el Gobierno afirman que, pese a la denuncia en su contra por el asesinato de Jamal Khashoggi, si pide la bilateral se le concederá "como a cualquier otro líder del G20". En esta línea, el canciller Jorge Faurie lo recibió este miércoles en Ezeiza, con el jefe de ceremonial, Marcelo Suárez Salvia.

El vicecanciller Daniel Raimondi afirmó a Clarín que el heredero de la monarquía saudita goza de "inmunidad por el rol que esta ejerciendo en calidad de representante de un estado soberano y en esa calidad tiene inmunidad funcional".

Sobre la acusación que pesa en su contra, el fiscal federal Ramiro Gonzalez periría al juez federal Ariel Lijo que solicite información a Yemen, a Arabia Saudita y a Turquía por el asesinato del periodista del Washington Post, entre otros hechos, antes de decidir si el caso es competencia de la Justicia argentina.

El Jefe de Estado de su país es el rey Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, pero Salman vino a la Cumbre como su representante. Coincidentemente Arabia Saudita será el país presidente y sede del G20 en el año 2020, después de Japón.

El príncipe vino acompañado de una delegación de 400 personas, que en los últimos descargó armamento y blindados. La embajada de Arabia Saudita está visiblemente custodiada.

La influyente organización Human Right Watch pidió esta semana la detención de Mohamed bin Salmán en Argentina por el asesinato del periodista en el consulado saudí de Estambul -la propia CIA dice tener pruebas de que fue él quien ordenó el brutal crimen- y por su rol en la sangrienta guerra de Yemen. El pedido recayó sobre el fiscal González, quien deberá dictaminar si hace un requerimiento de instrucción.

En la cancillería argentina explicaron que "no existe base jurisdiccional en la legislación argentina ni antecedentes bajo el derecho internacional que habiliten la detención de un funcionario de su rango en funciones aún por crímenes internacionales". Por lo que afirman que no será detenido.