Evalúan presentar un pedido para declarar la emergencia comercial en Tierra del Fuego ante un paranorama de "inactividad total".


Empresarios de distintos sectores decidieron declararle la guerra al Gobierno y a la AFIP para que suspendan los embargos por deudas impositivas y la nueva disposición de subir las tasas de interés para los morosos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, afirmó que pedirán que la AFIP suspenda los embargos por incumplimiento a las pymes de Tierra del Fuego. Si esto prospera podría sentar un precedente para el resto de la Argentina.

El pedido llega después de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, decidiera la semana pasada que desde el 1 de marzo suba hasta un 50% las tasas resarcitorias y punitorias que cobra la AFIP a quien se atrasa con los vencimientos.

“Estamos viviendo momentos delicados”, dijo Navarro, también vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en declaraciones radiales este martes al confirmar el enfado de los empresarios industriales y comerciales.

Diego Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande. Crédito: Archivo.

Allí adelantó que harán una presentación en la cámara legislativa de Tierra del Fuego para declarar la emergencia comercial en la provincia y paliar los efectos de la caída de la actividad económica.

Pero la CAME no está sola en la pelea. Ariel Aguilar, vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA) cuestionó las recientes decisiones oficiales que tienen como fin elevar la recaudación para alcanzar este año el equilibrio fiscal.

Según Aguilar, la situación de mora en miles de empresas fue generada “por la propia política económica del gobierno”, por lo que ahora Cambiemos “debería tener un poco de consideración para evitar la muerte de cientos de empresas”.

Según los datos de CGERA, más de 150.000 pymes sufrieron embargos de la AFIP durante 2018, con una expansión del 30% respecto de 2017. Esto estuvo motivado por la recesión que generó la crisis financiera.

Opinión de experto

Para el tributarista César Litvin la decisión de Dujovne sólo generará agravar la situación de las pymes. “El aumento de las tasas por deudas con AFIP en esta coyuntura financiera agrava la morosidad y produce un stock de crédito incobrable para el fisco”, sostuvo y pidió una moratoria urgente.

Litvin explicó que si una empresa no podía afrontar su deuda paga una del 3% mensual y, para casos de juicios, del 4,5%. Pero por decisión del ministro de Hacienda, esos retornos en marzo subirán al 4,5% y 5,6%, respectivamente. Son tasas que casi empatan los intereses bancarios.

“Estamos desbordados de impuestos y no siempre hay posibilidad de pagarlo, aún teniendo voluntad”, se quejó el tributarista y pidió al gobierno nacional que “contemple la situación de los que tienen voluntad de pagar los impuestos”.

Para el experto, lo mejor sería que el Congreso avance con una moratoria, con tasas y plazos de pago “razonables” para una coyuntura económica con el mercado interno fuertemente resentido por la pérdida de poder de compra de los salarios.

El drama en Río Grande

La situación de la industria de Río Grande es crítica, ya que enfrenta una “inactividad total” que se suma a la imposibilidad de acceder a créditos a tasas razonables y a los elevados costos laborales.

“Hicimos relevamientos en la ciudad y la caída de la actividad económica al menos duplica la del resto del país”, detalló Navarro.

El objetivo de declarar la emergencia comercial es frenar los embargos de la AFIP, que “asfixian” a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Según explicó, el pedido no significa que las empresas no pagarán los cargos por incumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que se modifican los castigos y se prorrogan los vencimientos. “Se hace un ‘paraguas’ durante un tiempo mientras dure esta situación de crisis que estamos viviendo”, detalló.

Esta iniciativa ocurre días después de que Hacienda decidiera que a partir de abril aumenten las tasas para los contribuyentes morosos, medida que la CAME repudió.

En una carta enviada a Dujovne la CAME solicitó que se reconsidere esta disposición que “generará la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre de pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la actual situación económica”.




Comentarios