El Senado aprobó la ley y postergó las elecciones: el 12 de septiembre serán las PASO y el 14 de noviembre las generales

El Senado de la Nación volvió a sesionar este miércoles para votar por la sanción de la ley sobre la postergación de las elecciones legislativas y la modificación al Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La sesión inició pasadas las 14 con la presencia de 60 senadores en el recinto y Cristina Fernández de Kirchner. Al comienzo, se determinó la extensión de la licencia sin goce de sueldo al senador nacional oficialista por Tucumán José Alperovich hasta el 9 de diciembre. Además, se le otorgó licencia con goce de haberes al senador y Carlos Alberto Reutemann, que no se encuentra en buen estado de salud.

Aprobaron el cambio de fechas electorales por la pandemia

Oficialismo y oposición pusieron punto final a la trabajosa discusión sobre el destino de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El Senado convirtió en ley el proyecto que corre cinco semanas las Paso y las elecciones generales para alejar la votación del invierno más crudo, en pleno pico de casos de Covid.

La iniciativa fue aprobada con 55 votos afirmativos, tres negativos (del salteño Juan Carlos Romero, el catamarqueño Oscar Castillo y la neuquina Lucila Crexell) y dos abstenciones, del entrerriano Alfredo De Angeli y la riojana Clara Vega.

Las Paso se corrieron, de esta manera, del 8 de agosto al 12 de septiembre, mientras que las generales -donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado- pasaron del 24 de octubre al 14 de noviembre. Ahora, la Cámara Nacional Electoral deberá readecuar todo el calendario en función de las nuevas fechas.

La ley fue sancionada sin debate: durante la votación del proyecto anterior, vinculado al impuesto a las Ganancias para empresas, el audio del sistema Webex registró fallas y, rápido de reflejos, José Mayans propuso bajar la lista de oradores y acelerar la votación para evitar un traspié.

“Acordamos votar sin discusión este tema, porque hay acuerdo casi unánime dada la circunstancia en la que estamos”, dijo el jefe del bloque del Frente de Todos, y más allá de una crítica aislada del salteño Romero -uno de los que votó en contra-, no hubo objeciones.

La escena fue presenciada, desde uno de los palcos, por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco. “Esta ley nos permitirá ganar cinco semanas y seguir avanzando con la campaña de vacunación más grande la historia”, afirmó De Pedro, y destacó “la madurez y la predisposición de todas las fuerzas políticas”.

El funcionario fue el artífice del acuerdo con Juntos por el Cambio, que incluyó la incorporación de un artículo específico que establece que la ley “no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario”. Fue la exigencia que puso la principal fuerza de la oposición para garantizar que las Paso no se suspendan.

La flamante norma también redujo, por única vez, los plazos para el registro de candidatos y la oficialización de listas, y del inicio de la campaña electoral. En ambos casos, el término será de 45 días (y no 50) antes de la elección general.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior y la CNE avanzan en la confección del protocolo sanitario para ambas jornadas electorales, donde se habilitarán 4.000 nuevos centros de votación -habrá unos 19.000 en todo el país- con un máximo de ocho mesas por cada uno, para evitar aglomeraciones.

El primer examen electoral será este domingo en Misiones, donde se eligen 20 diputados provinciales, el intendente de Salto Encantado y el defensor del Pueblo de Oberá. En la provincia se abrirán casi 460 establecimientos de votación, con nueve mesas cada uno, y los documentos de identidad serán sanitizados y manipulados solo por el presidente de mesa.

Se sancionaron los cambios en el impuesto a las Ganancias

La iniciativa impulsada por el Frente de Todos fue sancionada con 36 votos a favor y 26 en contra. Con esta ley, el Gobierno podrá compensar el agujero fiscal que generó la reducción del piso de Ganancias para 1.267.000 trabajadores y jubilados.

En uno de los palcos del recinto estaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien junto a su secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, trabajó en la elaboración de la iniciativa con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner.

“Por primera vez en esta ley, lo que se está aplicando es progresividad”, dijo Carlos Caserio al defender la iniciativa a diferencia de otros tributos como el Impuesto al Valor Agregado, que es plano, por lo que todos pagan lo mismo en un mismo producto o servicio.

Caserio destacó que en este caso, las alícuotas serán menores cuando menor es la capacidad contributiva de la compañía afectada por el tributo. “De las 139 mil empresas que tributan en el país, el 72% tributará con una alícuota del 25%”, precisó.

Por otro lado, Caserio precisó que unas 37.600 empresas medianas y grandes (24% del total) pagarán un poco más. “De todo lo que se va a recaudar de más, para mejorar la recaudación, estas empresas aportarán el 5% de la recaudación total”, señaló.Y agregó que de las 139 mil empresas, son 5.400 las compañías que van a terminar pagando más por el impuesto a las Ganancias. “Entre ellos, van a aportar el 95% del plus tributario que tiene esta ley”, indicó.

Por último, dijo que de las 5.400 empresas grandes, serán 569 las que más van a aportar. “Esto no es un castigo para las grandes empresas, esto es simplemente un sistema progresivo para que el que mayores ganancias tiene pague más”, afirmó.

“Este esquema es muy interesante y justo. Esto ayuda a las pequeñas y medianas empresas que hacen un esfuerzo en condiciones desfavorables, que no son sujeto de crédito, que les cuesta superar la burocracia y carga sobre las grandes empresas”, dijo el senador oficialista.

El proyecto establece, por primera vez en la historia, nuevas alícuotas escalonadas en tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. En la Cámara de Diputados, durante la madrugada del jueves pasado, el texto sufrió una modificación sorpresiva: se elevó el tope de la categoría intermedia, que pasó de 20 a 50 millones de pesos.

De este modo, por ganancias de hasta 5 millones de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5 y 50 millones, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 50 millones pagarán el 35%. El impacto será menor para las empresas más chicas; solo las más grandes pagarán más que en 2020.

Oposición: “Esto es un aumento de la presión impositiva”

Martín Lousteau, senador de la UCR, dijo que “tiene que quedar claro que este es un aumento de la presión tributaria sobre el aparato productivo. Es cierto que algunas compañías van a pagar menos, otras parecido o un poquito más y otras bastante más”.

Y afirmó que cuando uno mira el agregado, las compañías que van a pagar más son dos terceras partes de las ventas totales. Quiere decir esto que ese aumento de la presión tributaria generará un aumento en la recaudación impositiva.

Lousteau y otros senadores de su espacio Juntos por el Cambio, como Lucila Crexel y Juan Carlos Romero, se quejaron porque en los últimos nueve años hubo seis cambios respecto de los impuestos que afectan las inversores de las empresas.

Juan Carlos Romero, senador salteño del interbloque Federal, cuestionó con dureza la iniciativa y afirmó que el Gobierno está generando inseguridad jurídica y haciendo el camino inverso de lo que debe ser impulsar la inversión y generar confianza.

En la misma sintonía, el sanjuanino Roberto Basualdo de la Alianza Cambiemos San Juan, expresó: “Este proyecto espanta las inversiones, pero hay que fomentarlas, si a alguien le va bien tenemos que ver cómo ayudar a que les vaya mejor y, también, estamos fomentando el negro porque, sobre todo las Pymes, no van a querer pasarle de la escala”.

“No es solo más Estado y cobrar más impuesto, es qué tipo de impuesto cobramos, a quién se lo cobramos y cómo gastamos y cuándo uno ve un montón de gastos en un montón de lugares queda claro que no son prioridad de nadie”, dijo Lousteau.