Banda de empleados municipales realizaba licencias de conducir truchas

Imputaron a 11 empleados municipales de Bariloche y una persona externa por la presunta asociación ilícita mediante la cual otorgaban licencias de conducir truchas, habría significado una estafa por 1.500.000 de pesos. El fiscal Guillermo Lista que formuló ayer los cargos indicó que esta banda cobraba 3.000 pesos por las licencias, ese monto no entraban a las arcas del municipio. Vienen operando desde hace tres años, entre 2014 y 2016 cuando el Ejecutivo municipal advirtió la maniobra y realizó la denuncia.

Según la acusación fiscal se emitieron alrededor de medio millar de licencias apócrifas. El dato surgió de las licencias no rendidas ante la Agencia de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior de Nación. La fiscalía tiene escuchas telefónicas que surgieron de intervenciones autorizadas por orden judicial de los celulares de algunos de los imputados.

Los empleados municipales imputados son: Juan Marcelo Oyarzo, Marcos Nicanor Aguirre, Celeste Malén Castro, Griselda Beatriz Pereyra, Gladys Ester Aranda, José María Zalazar, Walter Fabián Gallardo, Daniel Alberto Martínez, Luis Octavio Neculman, Alejandro Namor y María Romina Paz como coautores de los delitos de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública, "todos ellos en su carácter de integrantes de una asociación ilícita".

También, el fiscal acusó a Alicia Beatriz Vega como partícipe necesario en las maniobras, ya que no pertenecía a la nómina del municipio. Todos los acusados optaron por negarse a declarar. El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió la formulación de cargos y otorgó un año de plazo para avanzar con la investigación por tratarse de una causa compleja.

La investigación preliminar determinó que los empleados imputados valiéndose de la participación de Vega captaban personas interesadas en conseguir una licencia trucha, sin tener que cumplir los requisitos legales y administrativos. Así eludieron la exigencia de no tener multas, ni antecedentes penales, infracciones, libre deuda municipal, acreditar los controles de salud y los exámenes escritos y de conducción. Según publicó Río Negro.