Una agrupación, integrada por padres y maestros, denuncia que alrededor de 15 mil alumnos no tienen su lugar garantizado en las aulas de la escuela pública.


Integrantes de la organización “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, formada por padres y docentes, marchan este miércoles al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Paseo Colón 255) para reclamarle a su titular, Soledad Acuña, que atienda a las familias que han quedado fuera del sistema de educación público por falta de espacio.

Pese a que el gobierno porteño asegura que garantiza las vacantes para todos los niños a partir de 4 años, y que está avanzando para hacerlo desde los 45 días, los padres y docentes aseguran que para el ciclo lectivo del año próximo existe una gran cantidad de alumnos que se quedaron sin vacante.

La organización comenzó a reclamar esta problemática hace poco más de cinco años, cuando se implementó la inscripción online. En ese momento, el ministro entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo que eran siete mil las vacantes faltantes pero, según reveló a Perfil Patricia Pines, docente e integrante del grupo, el último informe entregado por Acuña informó 11.958 alumnos que se quedaron fuera de la escuela pública para el ciclo lectivo de 2017. Por lo que Pines, estima que para el 2020 serán alrededor de 15.000.

Muchos de los padres que anotaron a sus hijos en las escuelas públicas este año quedaron en listas de espera y, según Pines, eso “significa que no vas a entrar”. “Hay gente que está en el puesto 215 de espera. Es casi otra escuela esperando para entrar. Lo que se necesita es que se construyan escuelas“, reclamó la docente.

La periodista integrante del Frente de Todos, Gisela Marziotta, denunció hace días: “Hay gente que vive a tres o cuatro kilómetros de la escuela, sin ningún tipo de prioridad, e ingresan, y otros que están dentro de las diez cuadras y no lo logran”.

El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que el Estado debe garantizar la educación pública a partir de los 45 días pero esto no sucede y las guarderías son las que presentan la mayor problemática, y también las que tienen un costo aun más elevado que las escuelas privadas.

Según contó Pines, la Justicia falló a favor de 500 amparos que reclamaban vacantes, ya que consideró que se trataba de familias en situación de vulnerabilidad.

Otro eje central del reclamo tiene que ver con los Centros de Primera Infancia (CPI) que, según la organización, “proliferaron” desde que el PRO gobierna la Ciudad. Según contó Pines, cuando Macri asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad, “eran poco más de veinte, ahora son más de cien”. Y el problema es que los CPI no pertenecen al área de educación sino a la de Desarrollo Social, de hecho las personas que están el frente de las aulas no tienen la obligación de ser docentes.

Chequeado comprobó la veracidad de esta problemática y reconoció que, en base a los datos presentados por el Gobierno de la Ciudad en septiembre de 2015, “no hay en ningún distrito donde no haya alumnos sin vacante ofrecida en instituciones próximas a sus domicilios personales o laborales para sala de cuatro”.




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