La Justicia se declaró incompetente para actuar en denuncia realizada por el diputado Monti

En la presentación que Francisco Monti realizó el 29 de abril en la Fiscalía Federal, se denuncia que en algunas de las contrataciones que realizó el IPV para obras en Valle Chico se habrían configurado presuntos sobreprecios, obras contratadas y no ejecutadas por parte de la contratista, vicios en la ejecución de obras, desdoblamiento de obras y omisión de cumplimientos de procedimientos de contratación en violación a las normativas vigentes.

De acuerdo a la denuncia, el daño económico generado por estos hechos alcanzaría los $55.487.795.

Luego de que la Justicia Federal se declarara incompetente para actuar en la denuncia presentada por el diputado Francisco Monti (FCyS-Cambiemos) respecto de diversas anomalías que tendrían algunas de las contrataciones realizadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para Valle Chico, se revivió la polémica entre el legislador y su par del oficialismo, Juan Denett, quien lo acusó de encarar una campaña sucia y de ser “un denunciador serial”.

Primero, Monti se refirió a la decisión de la Justicia Federal de declararse incompetente por entender que en la denuncia no se observa que pueda existir un daño al patrimonio de Nación, pero indicó que no apelará el fallo dado que está imposibilitado al no ser querellante en la causa.

A su vez, dijo que “más allá de la competencia, la cuestión de fondo sigue siendo muy grave y a quien le corresponda investigar espero que lo haga con la rapidez necesaria, porque hay medidas de pruebas que siempre que se tomen lo más rápido posible va a poder esclarecer los hechos”.

“A mí me parece que en esta provincia perseguir hechos de corrupción, investigar de la manera que corresponde no son prioridad y es muy difícil que exista una denuncia con el nivel de pruebas y claridad con el que se ha formulado esto”, añadió el legislador ante la postura tomada tanto por el fiscal federal, Santos Reynoso y el juez federal, Miguel Ángel Contreras, de remitir el expediente a la Justicia provincial con competencia en delitos contra la Administración Pública.