Créditos UVA: avanza en el Senado un proyecto que establece un nuevo sistema de ajuste y tasa de interés

El Frente de Todos avanzó en el Senado con un nuevo proyecto para asistir a las 100.000 familias tomadoras de créditos UVA. En una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo firmó un dictamen que modifica la versión aprobada en la Cámara de Diputados, retrotrayendo los préstamos a agosto de 2019 y estableciendo un nuevo sistema de ajuste y tasa de interés.

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El dictamen fue firmado por el Frente de Todos (con algunos senadores en disidencia, como la exdirectora del Banco Provincia Juliana Di Tullio) y el bloque Unidad Federal, también con reparos. Juntos por el Cambio pidió tiempo para evaluar la nueva redacción y definir su postura.

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la sesión prevista para el próximo jueves, aunque continuarán abiertas las negociaciones hasta ese día. Una vez que se apruebe en el recinto, el texto volverá a Diputados, que tendrá dos opciones: aceptar los cambios o insistir en la versión original.

Qué dice el nuevo proyecto

La iniciativa que avanzó este jueves deja sin efecto las cláusulas de ajuste UVA/UVI para todos los préstamos o relaciones crediticias para adquisición de vivienda o cualquier otro bien y sustituye el mecanismo por el índice de salarios que publica el Indec.

“El sistema de ajuste por UVA ha traído muchos problemas, es una política fracasada. Vamos a cambiar el sistema de ajuste, procurando encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras, para que los deudores paguen lo razonable y las entidades financieras también tengan su rentabilidad razonable”, fundamentó el presidente de la comisión, el oficialista Ricardo Guerra.

El legislador señaló que hoy “el porcentaje de incobrabilidad es del 4% o 5% y disimula el esfuerzo enorme que se hace para poder cubrir las deudas, pero en la medida que transcurra el tiempo la morosidad va a ser cada vez mayor”.

Lo que se propone, explicó Guerra, es una novación en la cual el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019, al cual hay que restarle las porciones de capital contenidas en las cuotas abonadas desde esa fecha hasta la fecha en que se firme el nuevo mutuo y a partir de allí se ajustará por un índice de salarios más un interés del 3,5% nominal anual.

Además, el recálculo que deberán hacer las entidades financieras para la novación deberá ser al 1° de septiembre de 2023 y no a partir de que entre en vigencia la norma.

Otro punto del dictamen es que la relación cuota-ingreso no puede absorber más del 30% de los ingresos declarados por los nuevos tomadores. Si eso ocurre, los bancos tendrán que llegar a un acuerdo, “siempre teniendo en cuenta el concepto de defensa del consumidor”.

Por otra parte, por conveniencia o necesidad, se podrá incorporar un codeudor para dar flexibilidad a la novación. Y se suspenden los juicios de desalojos por un año.

La advertencia de Lousteau

El senador y economista Martín Lousteau (UCR) consideró que la propuesta del oficialismo “hoy parece una solución y dentro de unos años va a ser un problema más grave que el de hoy”. “Si cambiamos el sistema cuando el salario real es muy bajo, en cinco años tendremos agravado el tema que estamos tratando de resolver”, alertó.

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En primer lugar, sostuvo que “si tenemos 120.000 deudores hipotecarios y una mora del 1,8%, quiere decir que hay 118.000 personas que hoy son propietarios gracias a los créditos UVA”.

Según afirmó, para “el que sacó un crédito en 2017, hoy el monto es 12 veces más alto en pesos”. “En dólares, esa deuda se redujo un 60%. El inmueble medido en dólares cayó 22%, pero cuando uno ve cómo quedó patrimonialmente cualquier deudor UVA, el crédito en dólares le cayó mucho más que la propiedad que le quedó en dólares. Desde 2017 tuvo una rentabilidad del 66% en dólares en su patrimonio”, dijo.

Lousteau también advirtió que “la tasa de morosidad del 1,8% es baja en comparación con otros países”, como Perú, México o Colombia.

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Por último, sostuvo que, como “tres de cada cuatro créditos están en la banca pública”, el tema se puede resolver “con una normativa del Banco Central”. “Tengamos mucho cuidado en cómo vamos a legislar para resolver esto”, concluyó.