A ocho años del primer Ni Una Menos: cuáles son las acciones necesarias y urgentes ante un flagelo que no cesa

Los observatorios feministas Ahora que sí nos ven y Feminacida presentaron su informe relacionado con los femicidios registrados durante los ocho años desde el primer Ni Una Menos, el movimiento que surgió en 2015 tras el asesinato de Chiara Páez. Pero además de transmitir las preocupantes cifras, repasaron cuáles son los ítems sobre los que debería ponerse la lupa para frenar el flagelo de la violencia machista.

El movimiento Ni Una Menos cumple ocho años: desde 2015, más de 2500 mujeres fueron asesinadas

Cabe destacar que en el trabajo realizado tomaron como marco de estudio los crímenes registrados entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2023. En ese lapso, hubo 2257 femicidios: un femicidio cada 31 horas. Con 327 asesinatos, 2019 fue el año que mayor cantidad de muertes por cuestión de género tuvo (directos más vinculados).

“Cuando nos preguntan cuál es la solución al problema de los femicidios o por dónde empezar, decimos que, si bien sabemos que el problema es complejo y estructural, las respuestas tienen que ser integrales”, comienzan las conclusiones del trabajo realizado.

Y continúa: “Para esto es necesario comenzar a cuestionar la actual división sexual del trabajo, como desigualdad que sostiene y reproduce otras desigualdades y violencias más extremas, como los femicidios. A partir de este eje central, como ‘padre de todas las desigualdades’ y de los indicadores que resultan del registro es que podemos detectar posibles ejes de acción más específicos”.

En este sentido, toman en consideración cuatro ítems puntuales: el escenario en donde se cometen los crímenes, el vínculo entre las víctimas y victimarios, acceso a la Justicia y qué pasa con el preocupante número de femicidas relacionados con las fuerzas de seguridad.

En qué puntos hay que poner el foco

Los organismos consideran que si en Argentina “seis de cada diez femicidios ocurren dentro de la vivienda de las mujeres” se vuelve fundamental “fortalecer políticas públicas” que contribuyan a detectar situaciones de riesgo, elaborar estrategias y brindar herramientas en favor de las mujeres.

El informe habla de la necesidad de “otorgar verdaderas oportunidades para que las mujeres que conviven con el agresor tengan las posibilidades concretas de poder apartar a este de la vivienda o, en su defecto, poder contar la autonomía económica suficiente para poder dejar el hogar en el que su vida corre peligro sin perder su patrimonio”.

“Sabemos que las redes feministas nos sostienen, pero es el Estado quien debe garantizar nuestra seguridad frente a esta desigualdad y violencia estructural, construyendo dispositivos que protejan nuestras vidas y también que otorguen contención y atención integral a todas las mujeres en cada rincón de nuestro país que se encuentran en situación de violencia de género, lo que es fundamental para que no se sientan solas”, subrayan.

Con respecto al vínculo entre la víctima y el agresor se considera “urgente” lograr un “un acuerdo social que implique un compromiso conjunto con la revisión de las prácticas machistas basadas en roles y estereotipos de género”. Para esto, sostienen, es necesario la “construcción de nuevas masculinidades” que bien podría estar aparejado con una correcta aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.

“No podemos dejar este compromiso librado a las voluntades de quienes entienden que es tiempo de cuestionar los mitos del amor romántico y ponerle fin a la reproducción permanente de violencia simbólica en la familia, en las escuelas, en los medios de comunicación, en el arte y en las distintas instituciones de nuestra sociedad que atraviesan diferentes dimensiones de nuestras vidas”, señalan.

Y agregan: “Tenemos una Ley de Educación Sexual Integral que abre las puertas en cada espacio educativo del país al cuestionamiento de estas problemáticas y a la reconfiguración de nuevos modos de vincularnos: más igualitarios y sin violencias”.

En este sentido, señalan que para que tenga efecto la aplicación de la ESI en Argentina debe ser “completa y efectiva en todas las instituciones educativas de todos los niveles, públicas y privadas”. “Es el Estado quien debe garantizar que esto suceda con mecanismos efectivos y de alcance Nacional”, subrayan.

En cuanto al acceso a la Justicia mencionaron la necesidad de “una reforma judicial transfeminista” con el objetivo de que las mujeres “dejen de ser revictimizadas y violentadas institucionalmente”.

“Que se las escuche, que se les tomen las denuncias y se apliquen medidas efectivas para realmente protegerlas. Una Justicia transfeminista que tome decisiones adecuadas para cada situación particular con una mirada interseccional y transversal, que acerque los derechos a las comunidades y que escuche a las víctimas. En este sentido, la Justicia sigue teniendo una deuda enorme con la sociedad, pero, especialmente, con las mujeres y LGTBIQ+”, exigen.

Los organismos resaltaron que fueron 379 las mujeres que “a pesar de haber recurrido a la Justicia a denunciar, a pedir ayuda, han sido asesinadas”.

“Esto significa que las medidas de protección han sido ineficientes. Frente a este contexto luchamos y exigimos que las instituciones que reciben nuestras denuncias actúen con celeridad, con eficacia y con perspectiva de género y de derechos. Necesitamos una reforma judicial transfeminista urgente”, subrayan.

Qué hacer con los violentos pertenecientes a fuerzas de seguridad

De los femicidas de estos ocho años, 44 eran policías y ocho militares. Por lo tanto, este es uno de los puntos que más preocupa: por qué quiénes deben dedicarse a la seguridad de las personas se convierten en asesinos.

“Necesitamos el compromiso de estas instituciones para que ante un caso de violencia machista se le retire el arma reglamentaria, así como derivar al agresor a una tarea que no implique el contacto con el público, ya que puede resultar intimidatorio para la víctima”, solicitan desde los observatorios.

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Y concluyen: “No podemos permitir que reciban a alguien que se acerque a denunciar por violencia machista. Tener fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos es una deuda de la democracia. Para conseguirlo necesitamos urgentemente una transformación de este tipo de instituciones, que haga hincapié en la formación de sus fuerzas basada en los derechos humanos, que no nos abuse, que no violente y que respete a las mujeres, sosteniendo a las víctimas con una escucha real, amorosa y atenta”.