Distintos puntos de vista sobre la expropiación en La Esperanza

La ley Nº 6.133 sancionada el miércoles por la tarde en la Cámara de Diputados de la Provincia se vincula con el proceso de venta del Ingenio La Esperanza contemplado en el fallo judicial para la resolución de la quiebra del establecimiento agroindustrial.

Es así como en ese marco el Estado provincial vendió al grupo inversor tucumano Budeguer las instalaciones de la planta azucarera, más una superficie de 35.000 hectáreas, área que representa la mitad de las 70.000 hectáreas originales.

En tal contexto, la ley 6.133 se fundamenta en "la necesidad de que las hectáreas restantes pasen al dominio provincial" y tengan utilidad para la generación de polos productivos "que generen crecimiento y trabajo".

Al respecto, el diputado Alberto Bernis, en su carácter de miembro informante, al dar los argumentos por los cuales se presentó el proyecto de ley explicó que "como quedó una deuda con el Estado provincial, porque el Estado provincial es el principal acreedor de la quiebra -remarcó-, el gobernador (Gerardo Morales) tomó la decisión política de que esas 35 mil hectáreas, que no son del grupo inversor y que están en el expediente de la quiebra, las declaremos de utilidad pública", dicho lo cual sostuvo que "con esto estamos capitalizando a la Provincia".

Por su parte, el diputado Fabián Tejerina, oriundo de la zona del Ramal jujeño, donde se encuentran el complejo azucarero y las tierras en cuestión, resaltó que "esto es una decisión política, una expropiación, y como lo dice el objetivo de la expropiación, el fundamento es el bien común, fundamentalmente eso", enfatizó.

En cambio, los espacios opositores criticaron duramente la norma por entender que no precisa "la valuación fiscal" y cuestionaron su "rápido tratamiento".

Se preguntaron cuál será la "sociedad forestal" que manejará esas tierras y alertaron que "no se explica si la Provincia va a tener que pagar" algo.

En ese sentido la legisladora del PJ Alejandra Cejas advirtió que lo ordenado por la nueva ley "es un negocio para el radicalismo que los jujeños no vamos a llegar a ver", dijo al criticar la decisión de "vender el sector productivo para ahora comprar tierras", mencionando que antes -cuando eran oposición- "hicieron un escándalo" para oponerse a una operación de esa índole.

A su vez, los legisladores de la izquierda dijeron que es "un proyecto que termina siendo un cheque en blanco para el (Poder) Ejecutivo", frente a lo cual sostuvieron que su voto en contra sería por cuanto "no queremos un negociado".