Hermanos homicidas, condenados a pasar 14 años en la cárcel

Lo que para el sereno Segundo Marcos Carrizo podría haber sido una jornada más de trabajo en la ciudad de La Esperanza, terminó siendo la trágica noche en la que dos delincuentes acabaron con su vida. Por esto, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a los hermanos Franco Misael Barría y Brian Joaquín Eduardo Barría, los autores del cruento asesinato, a pasar catorce años tras las rejas.

Cuando la fiscalía a cargo del Dr. José Alfredo Blanco pidió que se enjuicie a los imputados, describió los hechos señalando que era la noche del 10 de marzo de 2016, entre las 22:00 y las 22:30 aproximadamente, cuando Brian Joaquín Barría y Franco Misael Barría ingresaron al predio denominado "Filtro de Bomba", perteneciente al Ingenio La Esperanza, ubicado en el camino interno que une la avenida Kennedy y la avenida del Trabajador, del Lote Parapetí, a la altura del barrio Néstor Kirchner.

Los sujetos, que habían entrado con el propósito de sustraer bienes del lugar, fueron sorprendidos por Carrizo, quien se desempeñaba como sereno. Desencadenada la situación, los hermanos atacaron al trabajador con una estaca de madera, ocasionándole traumatismo de cráneo grave con fractura múltiple, lo que le provocó la muerte.

Probado el accionar delictivo de los hermanos Barría, el Tribunal enjuiciador integrado por los jueces Luis Kamada -que presidió el trámite-, Antonio Llermanos y Cecilia Sadir, los condenó a cumplir la pena de catorce años de prisión, por ser hallados coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo.

Cabe señalar que la secretaría del trámite estuvo a cargo del Dr. Jorge Oscar Rodríguez, actuó como querellante adhesivo la Dra. Carola Alexandra López Lucca, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo de la Dra. Natalia López en su carácter de defensora oficial del Ministerio Público de la Defensa Penal.

El Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial informó que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro de los plazos legales establecidos en el Código Procesal Penal, y a partir de entonces las partes podrían solicitar su revisión ante una instancia superior.