Legisladoras jujeñas encabezan debate sobre Responsabilidad Penal Juvenil

Las diputadas nacionales por Jujuy Gabriela Burgos y Alejandra Martínez tienen la responsabilidad de presidir dos de las tres comisiones legislativas que abrirán formalmente este martes en la Cámara Baja nacional el debate sobre el proyecto para establecer un nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.

Se trata de las comisiones de Legislación Penal, que preside Burgos; Familia, a cargo de Martínez, y de Presupuesto, encabezada por Luciano Laspina, que se reunirán desde las 9:30 para abrir el debate de la iniciativa enviada semanas atrás por el Poder Ejecutivo Nacional y que podría ser tratado en una sesión a principios de mayo próximo.

Para la primera reunión fue invitado el diputado nacional (m.c.) y exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, uno de los autores del proyecto, así como especialistas y técnicos propuestos por los diferentes bloques parlamentarios.

En sus puntos centrales, el texto establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años que hayan cometido algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal, es decir, para delitos graves.

"Es necesario cambiar el paradigma actual, desde un régimen tutelar hacia un sistema de protección integral, especializado y adecuado a los estándares internacionales", opinó al respecto la diputada Burgos en un columna publicada en Vía Jujuy en febrero último.

El proyecto, de más de cien artículos, es una de las iniciativas que el presidente Mauricio Macri pidió sancionar al inaugurar el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado.

Contempla además el acompañamiento individualizado de cada joven, como establece el Plan de Seguimiento Integral, que estará a cargo de un referente de seguimiento, quien deberá garantizarle una transición hacia la vida autónoma, teniendo en cuenta su situación particular.

Según la agenda diseñada por el oficialismo, el proyecto será debatido en una serie de audiencias -que serían al menos nueve-, a las que asistirán organizaciones sociales y especialistas para abordar temáticas incluidas en el texto enviado por el Ejecutivo.