Les negaron el arresto domiciliario al represor y exagente de inteligencia del Ejército Eduardo Salvador Ullúa, y desestimaron el sobreseimiento de funcionarios judiciales.


Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazaron -por mayoría- la queja deducida por la defensa en la causa contra el juez Pedro Hooft con los votos de Alejandro Slokary Carlos Mahiques, en tanto que Guillermo Yacobucci se expresó en favor del reclamo presentado por las defensas de los imputados.

De esta forma, la sala declaró “inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Federico Gastón Amadeo L’Homme, Rodolfo Bernardino Morales Ridecos, Edgardo Osvaldo Bernuzzi y Alicia María Teresa Ramos de Fondeville, y confirmó la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre la nulidad de los sobreseimientos de estos acusados.

Los imputados, todos ellos funcionarios judiciales de la jurisdicción marplatense al momento de los hechos, están siendo investigados por su participación en los procesos que se sustanciaron a raíz de las detenciones ilegales de las víctimas del plan sistemático de represión ilegal en esa ciudad, durante la última dictadura cívico-militar.

Slokar, en su voto, consideró que “en forma inveterada, este tribunal lleva dicho que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que por vía de principio se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva”.

“El recurrente tampoco ha acreditado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, para habilitar la intervención de esta cámara como tribunal intermedio, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio'”, sostuvo el magistrado en los fundamentos de su decisión.

También con los votos de Mahiques y Slokar, la Sala II de Casación rechazó el beneficio de arresto domiciliario para Eduardo Salvador Ullúa, quien enfrenta actualmente dos juicios de lesa humanidad y había pedido la excarcelación por considerarse población carcelaria de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

“La sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se, un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto solicitado. Dicho peligro efectivo se presentaría cuando se advierta una proximidad concreta e inminente de grave afectación a la salud e integridad psicofísica del interno”, indicó Mahiques en un fallo.

Slokar, entendió que los argumentos de la defensa de Ullúa resultaban “una mera disconformidad con lo valorado por el tribunal oral” que juzga al represor.

A su vez, indicó que “la causa se encuentra en pleno debate oral y público, por lo que también la decisión se ha fundado en la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar dado el monto de la pena en expectativa y el hecho de que el imputado haya estado prófugo más de nueve años”.




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