Con el objetivo que las provincias y municipios cuenten con financiamiento para obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, Máximo Kirchner junto a otros legisladores nacionales, presentaron este martes el proyecto para la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional.

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El presidente del Partido Justicialista bonaerense plantea en el proyecto que se presentó hoy, “la necesidad de buscar alternativas para las provincias teniendo en cuenta que las medidas anunciadas en las primeras dos semanas de gobierno de Javier Milei y las declaraciones del presidente y su ministro de economía, Luis Caputo, tendrán un impacto negativo en los ingresos de los estados provinciales y municipales, impidiendo el desarrollo de obras esenciales para sus comunidades”.

El Fondo permitirá “nutrir de recursos a las provincias para potenciar la infraestructura, la actividad económica y la demanda agregada, y permitiendo compensar los efectos del fulminante ajuste fiscal y la devaluación impulsados por el exministro de economía de Mauricio Macri y actual ministro de economía de Javier Milei”.

Como se explica en los fundamentos del proyecto, “entre las primeras medidas del presidente y el ministro de economía y ex presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) Luis Caputo se encuentra la decisión, no solo de mantener las retenciones y aumentar la imposición exigible, sino también su extensión a productos que no estaban alcanzadas por las mismas. Siendo obvio, por lo tanto, el aumento en los ingresos del Estado nacional”.

Esta situación, conlleva una caída en la recaudación que se producirá como consecuencia de la contracción económica que generan las medidas tomadas desde el 10 de diciembre (devaluación, aumento de tarifas o liberación de precios) y que perjudica los ingresos coparticipables de las provincias.

Desde el Poder Ejecutivo, tanto el presidente como su gabinete repiten una y otra vez que “no hay alternativa” ante cada decisión. “Sostener que la única manera que tienen las provincias de mejorar su recaudación es a través de la reposición de ganancias, es ignorar que la propia caída del consumo de la población, por solo dar un ejemplo, también impactará en los recursos coparticipables”, se explica en los fundamentos del proyecto, que propone justamente una alternativa que no perjudique a los trabajadores y trabajadoras que se vieron beneficiados por un proyecto que el propio presidente votó de manera afirmativa tan solo unos meses atrás.

El proyecto de Unión por la Patria, dice el comunicado publicado por la oficina de prensa de Máximo Kirchner, “busca abrir el debate a otras alternativas que no sean más ajuste y pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora y que brinde herramientas a los estados provinciales y municipales para contar con recursos “para inversión y financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura existente y potencien la competitividad de las economías regionales”.

Se explicó que la iniciativa tiene como antecedente al “Fondo Federal Solidario (FFS), creado mediante Decreto N° 206/2009, y por medio del cual se concretaron innumerable cantidad de proyectos de inversión y obra pública en todas las regiones del territorio nacional, logrando de esta manera un canal de financiamiento con afectación especifica”. Mauricio Macri quien eliminó el Fondo Federal Solidario mediante un DNU en 2018.

El proyecto

El Fondo Federal se financiará con el 60% del total recaudado en concepto de derechos de exportación de la soja, en todas sus variedades y sus derivados”. En este sentido se propone que la distribución del se efectuará según los siguientes criterios:

• Un DIEZ POR CIENTO (10%) distribuido de manera igualitaria entre todas las provincias.

• Un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) distribuido entre las provincias de acuerdo a la población en base a los resultados del CENSO 2022.

• Un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) distribuido entre las provincias, según el porcentaje de la población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) existente en cada jurisdicción, respecto al total de la población en hogares con (NBI) en todo el país obtenido del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda disponible.

• Un VEINTE POR CIENTO (20%) distribuido entre las provincias en función del total de las toneladas de soja producidas en cada jurisdicción en relación con el total de toneladas de soja producidas a nivel nacional según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Estos porcentajes se actualizarán con una frecuencia anual en la fecha que se determinará en la reglamentación.

Los criterios de distribución planteados buscan articular tres grandes necesidades: el federalismo, la solidaridad con aquellas provincias que enfrentan altos índices relativos de Necesidades Básicas Insatisfechas y el estímulo a las provincias productoras de soja para que pueda seguir potenciando su capacidad productiva.

Además, los recursos están vinculados a ingresos en dólares, lo que permite generar “una posición fiscal más sólida para nuestras provincias, actuando como un seguro de cambio para los ingresos provinciales y municipales ante eventuales devaluaciones que, de no cambiar el oriente de las medidas económicas futuras, se producirán”.

El proyecto “simplifica y colabora con la idea de reducir las transferencias no automáticas -calificadas habitualmente de discrecionales - como es deseo expreso del actual gobierno”, explicaron sus impulsores.

Desde la Fundación Mediterránea, se estima que “la recaudación en concepto de derechos a la exportación de soja para el año 2024 será de 4423 millones de dólares”, lo que significa que, de crearse, “el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional alcanzaría los 2654 millones de dólares”.

Esta propuesta, como tantas otras que pueden surgir de un debate serio y profundo, sirven para evidenciar que si hay alternativas al ajuste y al shock que propone Javier Milei y su ministro de economía.

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El proyecto lleva las firmas de Máximo Kirchner, Carlos Heller, Emiliano Estrada, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Graciela Parola, Mario “Paco” Manrique, Pablo Carro, Tanya Bertoldi, Paula Penacca, Christian Alejandro Zulli, Sergio Palazzo, Carolina Yutrovic, Itai Hagman y Julia Strada.