“Ley ómnibus”: el Gobierno resiste cambios en materia jubilatoria y se traba la negociación

La oposición “colaborativa” trasladó su rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria y las retenciones a las economías regionales. Funcionarios de Economía receptaron los planteos y prometieron respuestas. El oficialismo sostiene la idea de dictaminar y votar el proyecto esta semana.

Plenario de comisiones en Diputados por la "ley ómnibus" (Foto: Clarín)
Plenario de comisiones en Diputados por la "ley ómnibus" (Foto: Clarín) Foto: MAXI FAILLA

Las negociaciones por la “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados llegaron este martes al capítulo económico, uno de los más ríspidos del proyecto. La oposición “colaborativa” trasladó su rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria y las retenciones a las economías regionales, y funcionarios del Ministerio de Economía prometieron dar respuestas entre miércoles y jueves.

Mientras se realizaba un nuevo plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto con invitados de la sociedad civil, las tratativas se reanudaron en la “mesa tripartita” entre el Poder Ejecutivo, el oficialismo y los tres bloques de la oposición “dialoguista”: el PRO; la UCR y Hacemos Coalición Federal.

La jornada arrancó con reuniones donde se evaluaron los artículos sobre educación y cultura y continuó con la temática económica. Según distintos participantes, el Gobierno dejó trascender de entrada que quiere sostener la suspensión de la movilidad jubilatoria, con el argumento de que todas las fórmulas “fracasaron”.

Esa fue la posición que llevó Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, pero en la oposición enfatizaron que no acompañarán los aumentos por decreto. Como no hubo acuerdo, el funcionario quedó en brindar respuestas a la brevedad y prosiguió el intercambio.

Otro de los temas calientes fue el de las retenciones a las economías regionales. “No van a tener los votos”, fue el mensaje que le llevaron los diputados. Pero tampoco hubo definiciones concretas por parte del Ejecutivo. En las comisiones, la UIA (Unión Industrial Argentina), representada por Diego Coatz, pidió que los derechos de exportación “sean del 6 u 8% y no del 15% como propone el proyecto”.

Por parte del Ejecutivo, estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el de Hacienda, Carlos Guberman; Martín Fariña, del equipo de Federico Sturzenegger; Mariano Palacios, del área de Energía que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo; y Martín Vauthier en nombre de Economía.

Entre los diputados que pasaron por las oficinas de Menem figuraron Luciano Laspina, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y Juan Manuel López, además del jefe del bloque oficialista, Oscar Zago, y el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, entre otros.

La Libertad Avanza mantiene la idea de dictaminar hacia fines de esta semana e incluso sostiene la posibilidad de sesionar el sábado, pero en la oposición coinciden en que, a pesar de la “buena predisposición”, no están los consensos lo suficientemente maduros.

Mientras tanto, diputados del radicalismo, al mando de Rodrigo De Loredo, y del bloque conducido por Miguel Pichetto comenzaron a poner puntos en común y podrían confluir en un dictamen conjunto si La Libertad Avanza sostiene una actitud intransigente.

Nicolás Massot, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez y Oscar Agost Carreño están al frente de las tratativas con los radicales, aunque dentro de Hacemos Coalición Federal (un bloque variopinto que incluye al oficialismo cordobés, el socialismo, los “lilitos” y otros) también hay diferencias en cuanto al grado de apoyo.

En ese sentido, los oficialistas cordobeses y la bonaerense Margarita Stolbizer insisten en “priorizar” aquellas reformas que el presidente Javier Milei necesite para encauzar su gestión y dejar para las sesiones ordinarias los temas que no revisten urgencia, muchos de los cuales generan, además, un fuerte rechazo.

Por ejemplo, Stolbizer salió a criticar este martes las reformas que implican un “grave retroceso” en materia de género, maternidad y niñez. También hay resistencia a reformar los códigos Civil y Penal, así como al desfinanciamiento de la cultura y los cambios en materia de salud mental, entre otros.

“No hay un solo sector de la sociedad que no se vea afectado por la ley ómnibus. Debemos garantizarles a todos la posibilidad de manifestarse sobre lo que está pasando para no avanzar en reformas sin el debido consenso social”, expresó la cordobesa Natalia De la Sota.

En el plenario de comisiones, la reconocida jurista mendocina Aida Kemelmajer expuso por invitación del radical Julio Cobos y reclamó que se retire el capítulo referido al Código Civil y Comercial, y que sea analizado en sesiones ordinarias.

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, advirtió que “este proyecto, de aprobarse, significaría un enorme retroceso porque avasalla derechos adquiridos que han llevado años de debate”.

También expusieron, entre otros, representantes del Inadi, la Federación de Inquilinos Nacional, Marina Charpentier, la madre del cantante “Chano” (por los cambios a la Ley de Salud Mental) y Néstor García, padre de Micaela, la joven asesinada que le dio nombre a una ley de capacitación contra la violencia de género.