Opinión. Una Nación que necesita urgentemente reducir su exposición legal internacional

Por Sebastian Maril, CEO de Latam Advisors y experto en la causa por la expropiación de YPF.

YPF. (Archivo)
YPF. (Archivo)

Siempre he sostenido que la Argentina debe reducir decisivamente sus pasivos internacionales mediante la negociación con los beneficiarios de juicios extranjeros. La República rara vez ha logrado defender errores cometidos por administraciones anteriores, lo que ha resultado en una acumulación de fallos adversos en los tribunales internacionales.

En la actualidad, Argentina enfrenta numerosas ejecuciones de sentencias, que en conjunto ascienden a US$ 980 millones en pasivos potenciales. Estos abarcan reclamaciones iniciadas por acreedores holdout derivadas de la larga batalla por la deuda impagada de la República, una sola demanda presentada por un fondo con el objetivo de recuperar una sentencia no apelable relacionada con la expropiación de la aerolínea de bandera nacional y otros casos “menores” presentados en el CIADI y en Delaware.

Además, Argentina se enfrenta al fallo apelable de US$ 1.4 mil millones en el caso de valores vinculados al PIB en Londres y el juicio del caso de expropiación de YPF, ¡con un fallo de US$ 16 mil millones anunciado esta semana! El soberano también enfrenta procedimientos legales en curso, incluido el caso de valores vinculados al PIB en Nueva York que involucra aproximadamente US$ 420 millones más intereses, iniciado por seis fondos, sin un juicio final hasta el momento.

El próximo año, Argentina se enfrentará a obligaciones de deuda soberana por un monto aproximado de US$ 5.000 millones, junto con probables desembolsos destinados a beneficiarios de sentencias judiciales que superan los U$S18.000 millones. Cada uno de los contendientes prominentes para la oficina presidencial, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, debe comprometerse concienzudamente con especialistas en la materia para obtener una visión integral de la interacción matizada entre acreedores y beneficiarios de decisiones judiciales.

El objetivo colectivo de estos aspirantes es asegurar la remuneración financiera de una nación actualmente sumida en graves desafíos económicos. Tiempos interesantes por delante.