Quiénes son los jueces que dieron el veredicto a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

Se trata de la primera vez que trabajan juntos en una investigación judicial. Esta tarde dieron el fallo contra la vicepresidenta por los supuestos hechos de corrupción ocurridos entre 2003 y 2015.

El Tribunal dio a conocer el veredicto contra la vicepresidenta.
El Tribunal dio a conocer el veredicto contra la vicepresidenta. Foto: Federico Claro

Este martes se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal 2 respecto a la Causa Vialidad que tiene en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner y a otros 12 exfuncionarios y empresarios acusados de hechos de corrupción que ocurrieron en Santa Cruz entre el 2003 y 2015.

En ese marco, los que definieron el fallo contra la vicepresidenta y Lázaro Báez, entre otros, fueron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres magistrados fueron apuntados por la exmandataria, que pidió que los aparten de la causa por compartir equipo de fútbol con Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos.

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por la causa "Vialidad". Foto: Federico López Claro.
Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por la causa "Vialidad". Foto: Federico López Claro.

Quiénes son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso

Los magistrados son de la misma generación, ya que Gorini tiene 55 y Uriburu junto con Basso comparten los 51 años. Si bien tienen carrera como magistrados, es la primera vez que realizan un proceso judicial juntos, donde saben que tienen los ojos del país observando cuál será su fallo.

El juez Jorge Gorini.
El juez Jorge Gorini. Foto: Federico Claro

Gorini comenzó en 1988 como meritorio en un juzgado de instrucción nacional, donde realizó gran parte de su carrera hasta que llegó a ser secretario. Para 2003, fue designado como defensor oficial y dos años después pasó a ser juez de instrucción. En 2011 fue designado como juez titular en el Tribunal Oral Federal y juró junto con Giménez Uriburu.

Este último, se inició en 1989 también como meritorio en un juzgado de instrucción. Para el ‘94 pasó al Tribunal Oral Federal 2 donde realizó toda su carrera, primero como secretario, hasta que en 2001 fue designado como juez.

Rodrigo Giménez Uriburu.
Rodrigo Giménez Uriburu. Foto: Federico Claro

En tercer lugar, está el juez Basso que inició su carrera en 1993 en el cargo más bajo en la justicia federal, pero de provincia de Buenos Aires. Comenzó en el juzgado 1 de La Plata para luego pasar a Lomas de Zamora donde se formó hasta llegar a ser secretario.

En 2015 fue nombrado juez federal en Comodoro Py. Pero en el Tribunal Oral Federal 3. Basso integra el juicio de la obra pública porque el tercer integrante del Tribunal 2, Jorge Tassara, falleció en marzo de 2019. Por sorteo para integrar la causa con Gorini y Giménez Uriburu salió sorteado Basso

Andrés Basso
Andrés Basso Foto: Federico Claro

CÓMO COMENZÓ LA CAUSA VIALIDAD EN DONDE SE APUNTA CONTRA CRISTINA KIRCHNER

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Primer día del juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Foto Federico Lopez Claro
Primer día del juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Foto Federico Lopez Claro

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado. La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico.