Protesta por las represas que secan a Cataratas y los ríos Paraná y Uruguay

En Posadas, legisladoras del Parlasur, y en Puerto Iguazú diversas entidades públicas y privadas reclaman que Brasil no acapare el agua del río Iguazú, ya escasa debido a la sequía de los últimos meses, para aumentar el caudal de ese río en suelo argentino y de los cauces del Paraná y del Uruguay.

Aguas arriba de Cataratas, Brasil construyó 11 represas para la producción hidroeléctrica sobre el río Iguazú y sus afluentes. Las representantes de Misiones en el Parlasur, Cecilia Britto y Julia Perié, pidieron en ese ámbito que Brasil tome medidas y abra las compuertas.

Sobre el cauce del Iguazú, Brasil inauguró en 2019 la usina de Baixo Iguaçu, que se sumó a Foz do Areia (1980), Salto Segredo (1992), Salto Santiago (1980), Salto Osorio (1975) y Salto Caxias (1999).

Sobre afluentes de la cuenca del Iguazú, funcionan las otras cinco usinas hidroeléctricas Foz do Chopim y Cavernoso, ambas sobre los ríos del mismo nombre, Desvio do Rio Jordao, Fundao y Santa Clara (sobre el rio Jordao).

El proyecto presentado por las legisladoras Cecilia Britto y Julia Argentina Perié, al que accedió Télam, recomienda al Consejo del Mercosur "instar a la República Federativa de Brasil a que arbitre los mecanismos legales pertinentes para la reapertura de compuertas", y de esta forma, "regular el caudal de agua, salvaguardando el derecho fundamental del acceso al agua".

En sus 1300 kilómetros desde la Serra do Mar, cerca de Curitiba, hasta la Triple Frontera, unos 600 kilómetros son "embalses encadenados", según el ecologista Federico Soria. El último eslabón es este lago Baixo Iguaçu entre Capanema, fronteriza con Misiones, y Capitão Leônidas Marques, ambas en el estado de Paraná. Producirá 350 MW y los distribuirá con una línea de 60 kilómetros.

Perié y Britto dijeron que gestionan ante Cancillería una solución para este problema que no solo afecta a la población misionera sino a varias provincias del NEA. "Existe la necesidad de encarar con urgencia y dedicación una verdadera política de estado para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable".