Así lo indicó Jorge Pinghin, de la Federación de Corredores Inmobiliarios. "Los dueños de las casas pueden ser cómplices", dijo. Afirma que se encontraron pruebas por "usurpación de título".


El pasado miércoles 11 de septiembre se llevó a cabo una serie de allanamientos en diferentes inmobiliarias de la ciudad de Rafaela. Intervino la Policía Federal, entendiendo en la causa el fiscal Martín Castellano. 

La propia Federal dio a conocer que “las tareas investigativas llevadas a cabo por los uniformados, permitieron determinar que varias inmobiliarias llevaban años operando ilegalmente y sus integrantes se encargaban de entregar tarjetería y folletería, haciéndose pasar como agentes de servicios inmobiliarios, sin matrícula habilitante, ejerciendo ilegalmente dicha profesión”. El presunto delito que se persigue podría encuadrar en el de “usurpación de título”, y como consecuencia, se secuestraron “títulos, contratos, recibos, comprobantes de facturas, carteles, folletería, computadoras, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa”, señalaron desde PFA.

Jorge Pighin, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe realizó declaraciones este lunes en FM Galena y ayer participó de la conferencia de prensa que brindó junto a Ricardo Veglia, presidente de la institución y Lucrecia Muhn, representante de la Cámara Inmobiliaria.

En estas declaraciones radiales, Pighin dijo que “nosotros hiciemos denuncias por inmobiliarias que no estaban a derecho, es decir, que no tienen a un corredor inmobiliario al frente, como exige la ley N° 13.154. Se entiende que es un delito complejo, por eso intervino la Policía Federal. Fueron dos integrantes del departamento de Fiscalización del colegio para colaborar en la tarea”. 

“Buscaron documentación vinculada al corretaje inmobiliario, donde hay contrato de locaciones sin firmar o firmados por alguien que la ley no lo permite donde hay pagarés y cheques en blanco, etc. Estas inmobiliarias habían sido visitadas por el departamento de Fiscalización al menos en dos oportunidades previamente, para decirles qué elementos le faltaban para poder ejercer. Le dijimos que tenían que se debían poner a derecho y no lo hicieron”, agregó Pighin.

“Sin el título del corredor inmobiliario y sin estar matriculado, no puede ejercer corretaje. Es más, una sociedad que se dedique a la comercialización de inmuebles de terceros a cuenta de terceros, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) le exige un corredor matriculado en el Colegio, por la ley provincial N° 13154. Aquellos que con anterioridad ejercía, tuvieron 3 meses para presentar toda la documentación”, añadió.

“La gente de otros Colegios estuvieron mal informados. Los martilleros públicos no pueden ejercer el corretaje”, sentenció. “Esto no es una disputa de Colegios”, en referencia a los Martilleros Públicos. “Acá interviene un solo Colegio porque hay incumbencias diferentes: son auxiliares de justicia y pueden hacer tasaciones. Pero nosotros sí podemos ejercer el corretaje inmobiliario”.

“No es solo en Rafaela: “es la ciudad es la primera vez en donde un fiscal determinó allanamiento. Pero en toda la zona de jurisdicción del centro-norte de Santa Fe hicimos 140 denuncias: en Reconquista, en Santa Fe, en Esperanza… Rosario también hace lo mismo en su jurisdicción . En Santa Fe tenemos 68 en una mediación. Hay que regularizar esto”, señaló. “En la capital provincial, en 2013, se había dado un allanamiento en 5 inmobiliarias”, recordó. 

“En las doce inmobiliarias se incautó material que permite determinar que ejercían ilegalmente el corretaje”, indicó y marcó que “nadie quedó detenido”.

También recordó que “en 2011-2012 quisimos sacar una ordenanza para ordenar esto, pero no hemos tenido eco. No es darle un darle un poder de policía, que lo tiene la provincia, sino que para abrir un negocio, se le pida una certificación al Colegio del registro inmobiliario. Es para prevenir estafas. Sería muy importante que el Municipio revea su posición para que el contribuyente no se vea afectado”. E indicó que hay ordenanzas dispuestas en “Esperanza, Reconquista, Sunchales, Coronda…”.

Dueños y cómplices

​Pighin indicó también que “el propietario que le confiere un inmueble a alguien no matriculado, entra también en una posible involucración del artículo 45 del Código Penal, por ayudar a cometer un delito. Es decir, podría ser considerado como cómplice”. 




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