La Guardia Washek será desarmada y funcionará como guardia ambiental

Tras una extensa audiencia en Presidencia Roque Sáenz Peña, convocada por el juez federal Miguel Aranda, el Gobierno provincial llegó a un acuerdo de paz con la Guardia Washek, y se puso así fin a un conflicto de larga data en El Impenetrable.

El acuerdo establece que el Gobierno provincial desiste de todo interés en la persecución penal de la guardia, mientras que ésta se compromete a reconvertirse en una guardia ambiental con asistencia del Estado.

El gobernador, Jorge Capitanich manifestó que "esto abre un camino para la profundización del diálogo y para construir un sistema de consensos respecto a la paz social que es necesario garantizar". El funcionario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

La instancia de diálogo se desarrolló en el marco de una causa penal en la justicia federal en la que dos miembros de la guardia se encuentran imputados por el delito de sedición. Durante el proceso, los referentes de la guardia Washek fueron patrocinados por Kevin Nielsen y Paulo Pereyra, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

"Es importante que la opinión pública conozca un acta de estas características. Es histórica por su contenido y por ser aplicada por primera vez en el ámbito de una instancia judicial. Es un avance importante. El Estado debe generar las condiciones para generar mecanismos de conciliación y acuerdo, y este es un gran paso", aseguró el mandatario provincial.

Alcances del acuerdo

En función del acuerdo de paz, la guardia comunitaria deberá proceder a la entrega de uniformes, el cese de utilización de todo tipo de armas y la no realización de retenes y todo acto que sea propio de las competencias policiales.

Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a la concreción de políticas públicas focalizadas para garantizar el pleno goce de los derechos sin discriminación alguna, entre las que se encuentran: el refuerzo en la seguridad por parte de la policía de la provincia del Chaco, la articulación para apertura de una delegación de la Gendarmería Nacional con perfiles adecuados y con diálogo con las comunidades,

Además, la apertura de una Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y de una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, entre otras medidas promueven el desarrollo de la comunidad en un plano de armonía.