Lavado III: rechazaron la excarcelación de Nievas y seguirá detenido

La Cámara Federal de Apelaciones consideró que el acusado podría obstaculizar la causa.

Alberto Nievas junto a su abogada defensora momentos antes de ser detenido.
Alberto Nievas junto a su abogada defensora momentos antes de ser detenido.

El intendente de Castelli, Alberto Nievas seguirá preso en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia. Así lo dispuso este martes la Cámara Federal de Apelaciones al rechazar el pedido de excarcelación solicitado por la defensa. Fue en el marco de la causa Lavado III, que investiga el presunto desvío de fondos nacionales que tenían como destino la construcción de viviendas para comunidades indígenas.

Los jueces José Aguilar y Rocío Alcalá resolvieron no hacer lugar a la apelación presentada por la defensa de Nievas y ratificó la decisión de la jueza Federal, Zunilda Niremperger, quien dictó la prisión preventiva para el jefe comunal. Los magistrados consideraron que existiría un "riesgo procesal" si estuviera en libertad, debido a que el intendente podría "obstaculizar" el rumbo de la investigación.

Los jueces señalaron que Nievas está integrado "a una compleja organización y su evidente posicionamiento en esferas de poder, puntualmente desde su estado jerárquico en el Municipio de Juan José Castelli, lo que se traduce en una posibilidad concreta de que pueda obstaculizar los resultados de las diligencias pendientes de producción".

También indicaron que el imputado trataría de "buscar alternativas que lo coloquen en una mejor situación para recuperar su libertad, intentará evitar el cumplimiento de los fines del proceso".

Nievas es investigado por el posible desvío de fondos nacionales que debían destinarse a la construcción de viviendas por parte de cooperativas. Está procesado, con prisión preventiva y un embargo de 200 millones de pesos.

Está acusado de los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad por ser miembro de una banda, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los fondos que están en la lupa de la Justicia Federal provienen de los programas nacionales "de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales" y el "Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria", adjudicadas al Chaco entre los años 2011 y 2015. Según publicó Chaco Día por Día.