El juicio involucra a 10 ex militares y personal civil durante la última dictadura.  


El juicio oral de la causa “Guerrieri III” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, concluirá este viernes en Rosario. Organizaciones de derechos humanos hizo una vigilia frente a los Tribunales Federales a la espera de la sentencia.

En el debate oral iniciado en octubre del año pasado, que tiene diez procesados entre militares retirados y ex personal civil de Inteligencia (PCI), se juzgan los casos de 47 víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el circuito represivo ilegal del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, conformado por cuatro centros clandestinos de detención.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, integrado para este proceso por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, fijó para este jueves las palabras finales de los acusados, la respuesta de nulidades y las dúplicas y réplicas de las partes, en tanto que está previsto para este viernes  la lectura de la sentencia.

El tribunal también debe resolver un planteo novedoso realizado por el defensor público oficial Fabio Procajlo, quien en su alegato hizo referencia al fallo “Fontevecchia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho fallo estableció que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pueden revocar sentencias firmes del máximo tribunal argentino, porque de ese modo constituiría una “cuarta instancia” judicial no prevista en la Constitución Nacional.

Están acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, Costanzo, los ex PCI Walter Pagano; Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (que también era policía durante la última dictadura).

El resto de los imputados son los militares retirados Pascual Guerrieri; Marino Héctor González; Alberto Pelliza; Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong, integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante los primeros años de la última dictadura.

Están acusados de delitos de lesa humanidad contra 47 víctimas, de las cuales 24 aún permanecen desaparecidos, y que pasaron por los centros clandestinos “Quinta de Funes”, escuela Magnasco, “La Calamita” y “La Intermedia”.




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