Connivencia entre Fiscalía y delincuentes: "Nos parece de una gravedad institucional enorme"

El titular de la Fiscalía Regional II, Patricio Serjal, calificó este viernes como de una "gravedad institucional enorme" la sospecha que recae sobre un integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que estaría en supuesta connivencia con una gavilla de extorsionadores.

"Posiblemente alguien de Fiscalía haya pasado o intentado pasar información. Nos parece de una gravedad institucional enorme y no por eso debemos dejar de investigarlo o darlo a conocer", indicó el fiscal regional a la prensa antes de la reanudación de la audiencia imputativa a contra una banda acusada de manejar una red de juego clandestino, de la que derivó la presunta complicidad desde el MPA.

Los acusados son Alejandro Torrisi, comisario mayor retirado, y Maximiliano "Cachete" Díaz, apuntado por haber participado de múltiples extorsiones a taxistas y también haber sido el organizador del ataque contra el casino City Center, en el que murió baleado el gerente bancario Enrique Encino.

De acuerdo a la pericia del teléfono de Cachete, dos días antes de ese atentado, este le pidió a Leonardo Andrés Pieti de 46 años que apurara la liberación de dos hombres que habían sido detenidos por andar armados. Esta persona, hasta el momento no encontrada, habría consultado primero a Torresi, y luego a alguien del Centro de Justicia Penal para que le diera una mano en la tarea encomendada.

"Quiero resaltar el trabajo de la Agencia de Criminalidad Organizada. Hemos creado la audiencia con la firme decisión de trabajar sobre las bandas organizadas que tanta violencia generan en la ciudad", expresó Serjal, respaldando el trabajo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, a cargo de investigar el accionar de la banda de extorsionadores.

El fiscal regional quiso reconocer, además, “el trabajo que los practicantes, pasantes, empleados, funcionarios y fiscales hacen a diario”, como forma de intentar cambiar el ánimo que este viernes se detectaba en el Centro de Justicia Penal y otras dependencias del MPA luego de conocido que alguien de dichas oficinas colaboró con los delincuentes.