Demoraron a tres personas por amenazas a dirigentes y militantes por los derechos humanos

El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Gustavo Ponce Asahad confirmó este jueves una serie de allanamientos para profundizar las medidas sobre las amenazas que cientos de militantes, dirigentes y funcionarios recibieron por Whatsapp en relación a su lucha por el castigo a los represores en la Dictadura.

Muchas de las víctimas coincidieron en advertir que el último fin de semana fueron agregados a nuevos grupos a pesar de la denuncia que realizó días antes la Agrupación Hijos en relación a los mensajes que recibieron a lo largo del mes pasado en vísperas del inicio del juicio por la causa Feced III.

Mientras la primera audiencia se desarrollaba en los Tribunales federales de Bulevar Oroño, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó un operativo en Blanco Escalada al 2600 y Marco Polo al 400. Además de estos puntos de la zona sur, el personal a cargo de la Fiscalía inspeccionó un domicilio en Pasaje Gould al 800, frente a la sede de Atlético del Rosario.

Como resultado de las actuaciones, dos mujeres y un hombre fueron demorados a la espera de la intervención de Ponce Asahad, quien horas antes había conseguido identificar a los titulares de 15 celulares vinculados a las amenazas con direcciones correspondientes a cuatro provincias.

Voceros judiciales detallaron que en todos los inmuebles requisados encontraron material informático, teléfonos móviles, computadoras de escritorio y portátiles junto con pen drives que serán enviados a peritar. Además de la información sobre los titulares de las líneas, la Justicia había apelado a datos sobre portabilidad numérica y posicionamiento geográfico de antenas para corroborar la presunta responsabilidad de los números implicados.

"La causa avanza con celeridad, que es lo que a nosotros nos interesa: que no queden impunes hechos de este tipo", destacó en diálogo con LT8  la abogada Nadia Schujman, quien reunió el material para denunciar los hechos ante el MPA.