La agrupación Hijos presentó una serie de 16 casos de víctimas del terrorismo de Estado.


La historia de una embarazada de 8 meses privada ilegalmente de su libertad durante la última dictadura cívico-militar se sumó este miércoles una a lista de 16 casos de víctimas del terrorismo de Estado que fueron perjudicadas por el ex juez federal a quien la agrupación Hijos denunció como partícipe en delitos de lesa humanidad.

La acusación fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) y señala a Guillermo Tschopp como “una suerte de garantía de impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad” tanto a la hora de desestimar los testimonios de quienes sufrieron torturas como de impulsar las condenas en contra de esas mismas personas que estuvieron en manos de los militares.

“No puede soslayarse el silencio que guardó acerca de estos hechos aún luego de retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz sobre las atrocidades de aquellos años”, advirtió la organización de derechos humanos a través de un comunicado.

La recopilación de testimonios lleva la firma de los abogados Santiago Bereciartúa, Nadia SchujmanFranco Porporato, Natalia Lorena Moyano, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez. Si bien mantuvieron reserva sobre la identidad a la hora de difundir los episodios, confirmaron que una de las víctimas fue una mujer a la que llevaron a dar a luz en la Maternidad Martin mientras estaba detenida junto a su marido en la Alcaidía de la Jefatura de Policía.

“Tschopp nunca inició una investigación en este sentido ni dejó, cuanto mínimo, asentadas esas declaraciones. No estaba ante la Justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron”, aseguró la testigo.

Entre las acciones que le atribuyen al ex titular del Juzgado Federal 2 también se destaca el avance en resoluciones basadas en las declaraciones firmadas que los represores obtenían a través de torturas a las personas cautivas.

En una de esas causas, el magistrado avaló actuaciones ligadas a una pena de 8 años y 7 meses dictada por el consejo de guerra tras el secuestro de un hombre en el Servicio de Informaciones (SI), monto que luego fue elevado a 10 años. “¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?”, le habría dicho a la víctima.




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