Descartan el cierre de la causa sobre Armando Traferri y juego clandestino

La investigación sobre el rol de Armando Traferri en la causa sobre juego clandestino en Rosario se mantiene abierta. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido para archivar el expediente que se abrió hace casi dos años y está a punto a llevar a juicio oral y público al ex fiscal regional Patricio Serjal.

Rechazan el análisis del caso de Armando Traferri en la Corte Suprema nacional

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que la denuncia por corrupción contra el senador del departamento San Lorenzo sigue en trámite. Si bien todavía no fue imputado porque lo protegen sus fueros legislativos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos espera que esa situación cambie a partir de un planteo realizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa de Traferri se opuso a esperar que el máximo tribunal se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado. Sin embargo, la jueza Bibiana Alonso aceptó la solicitud que hicieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

La Corte Suprema provincial ratificó los fueros de Armando Traferri que no podrá ser imputado

El “Pipi” fue citado a la audiencia que se celebró este lunes en los Tribunales provinciales para tratar el tema. Tal como ocurrió en otras oportunidades en las que fue convocado para imputarlo o abordar la cuestión, el dirigente del Partido Justicialista (PJ) no concurrió y delegó el tema en sus representantes legales.

¿Cuál es la denuncia contra Armando Traferri por corrupción y juego clandestino?

Según la investigación que tomó estado público a mediados de 2020, Traferri fue uno de los tres organizadores de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino. Los fiscales presumen que red delictiva funcionó al menos desde abril de 2017, aunque el senador provincial rechazó la acusación y desmintió la conexión con otras personas condenadas.

Dentro de la teoría del MPA, las otras dos cabezas de la estructura ilegal eran el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal regional Patricio Serjal. El primero declaró como imputado colaborador y salió en libertad condicional en febrero, cuando acordó una pena de 3 años de prisión efectiva y una multa de casi 42.500.000 pesos.