Problemas con “Pillín”: denunció a Andrés Bracamonte y lo detuvieron como cómplice

Hace dos semanas, la Fiscalía Regional de Rosario ordenó la captura de Andrés Bracamonte como líder de una asociación ilícita conectada a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). La investigación comenzó por la denuncia de un delegado que este martes fue imputado como socio de “Pillín” en la organización delictiva.

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Juan Pablo Mennuci era representante del sindicato en San Lorenzo. A partir de un conflicto con los jefes de la banda, lo enviaron a trabajar a Villa Constitución. Los encargados de la causa afirman que fue “expulsado” del grupo que armó un gran negocio ilegal bajo el paraguas gremial.

El denunciante se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un episodio ocurrido a principios de febrero. En su declaración dijo que “Pillín” lo amenazó durante un almuerzo con referentes locales de la Uocra en restaurante Nuevo Cid, ubicado sobre San Juan y Río de Janeiro.

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Nueve meses después, el fiscal Miguel Moreno pidió el arresto del testigo y de otros presuntos integrantes de la asociación ilícita. El funcionario judicial afirma que Bracamonte compartía la jefatura de esta organización con Carlos Vergara, el secretario general del gremio.

Según fuentes del MPA, Mennuci era uno de los encargados de interactuar con las contratistas de San Lorenzo. Las reuniones derivaban en aprietes para que las constructoras utilizaran servicios de una de las empresas de Bracamonte o tomaran personal vinculado a la máxima autoridad del sindicato en la región.

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En los encuentros antes mencionados, los delegados de la Uocra le exigían a la patronal que comprara viandas o alquilara baños químicos para engrosar la recaudación de los jefes de la banda delictiva. Pero la historia no terminaba en esta suerte de cláusula de exclusividad.

Por otra parte, los representantes del gremio cobraban una “colaboración” de las empresas. A cambio les entregaban un “certificado de libre deuda local”, documento apócrifo que no fuera de los requisitos legales para llevar a cabo una obra.

En segundo lugar, el fiscal Moreno detectó otro método de extorsión basado en amenazar a una contratista para que tomara determinados empleados. Con este sistema de “rentamiento” se incorporaban personas vinculadas a los jefes de la organización delictiva. Si bien cobraban un sueldo, no cumplían ninguna función ni iban a trabajar. Generalmente se quedaban con el rol de delegado sindical para disimular su verdadero objetivo.

Finalmente, el MPA advirtió que la familia de Carlos Vergara cuenta con varios inmuebles adquiridos mediante adhesiones truchas a fideicomisos o compraventas ficticias. Los investigadores afirman que todas las operaciones fueron simuladas, ya que los propietarios nunca pagaron el precio que figura en los documentos.