Incumplimientos del contrato, hostigamiento y pagos de servicios compartidos, según un relevamiento de la Asociación de Inquilinos.


La Defensoría del Pueblo abrió un espacio de mediación entre inquilinos y propietarios. La decisión se tomó porque no hay otro lugar más allá de la Justicia en la que ambas partes se puedan poner de acuerdo. En siete días, tiempo que lleva habilitado este servicio, el ente ya armó 23 expedientes con denuncias de inquilinos. Las tres principales razones que motivaron los pedidos de asistencia son: incumplimientos del contrato, hostigamiento y pago de servicios compartidos con otros locatarios.

Desde marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó que los contratos de alquiler que se vencían de marzo al 30 de septiembre se renovaban automáticamente sin aumento de precios, hubo sendos incumplimientos según señaló Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos. En general quieren subir los precios de los alquileres, aún yendo en contra de una decisión presidencial. También hay propietarios que han intentado cobrar comisiones que no están estipuladas por la normativa.

Las denuncias o pedidos de ayuda pueden realizarse en la Defensoría del Pueblo.

Los hostigamientos, que son verbales o a través de cartas documento, son para desalojar a los locatarios antes de tiempo o para sacarlos porque no cumplen con el pago del alquiler completo. El decreto de Fernández prohíbe los desalojos en pandemia, aún cuando los inquilinos no puedan cumplir con el pago completo establecido.

La tercera causa tiene que ver con una irregularidad que detectan en los consorcios con regularidad. A la hora de construir, los propietarios no colocan un medidor por unidad habitacional. Entonces, reciben una sola factura de luz y de gas, que dividen entre los inquilinos. Esto imposibilita que cada uno pueda ver su propio consumo, a veces genera cortes de servicio porque alguno no pagó y en el peor de los casos, los dueños no les muestran las facturas y no saben si lo que pagan corresponde o no.

“Somos una especie de articuladores entre los locadores y los locatarios. Muchas veces los propietarios no interpretan lo que estable el decreto presidencial que fijó ciertas normas en tiempos de pandemia”, explicó a Tiempo de San Juan Pablo García Nieto, Defensor del Pueblo. A lo largo de lo que queda del mes, se intentará mediar en la resolución de estos conflictos que ya generaron 23 expedientes en apenas siete días. 




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