Buscan agilizar la resolución de 1000 sumarios en la administración pública sanjuanina

Según el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, son cerca de 70 millones de pesos los que el Estado abona en salarios a empleados sancionados o suspendidos.

El asesor letrado Carlos Lorenzo explicó que cada presentación debería tener resolución en menos de un año.
El asesor letrado Carlos Lorenzo explicó que cada presentación debería tener resolución en menos de un año.

La idea de que el Gobierno centralice en una oficina los expedientes y sumarios de los empleados de la administración pública sanjuanina cada vez está más cerca de concretarse. De esta manera, se agilizarían los tiempos para resolver en menos de un año este tipo de trámites que, en primera instancia, excluiría a la Policía y al Servicio Penitenciario Provincial.

Según destacó durante la mañana de este lunes en Radio Estación Claridad el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, “son alrededor de 1000 sumarios en trámite; aún estamos recibiendo y clasificando todo en la oficina centralizada de sumarios. Aún nos queda recepcionar expedientes de dos reparticiones. Esos sumarios vienen con expedientes, con su cantidad de fojas y el estado procesal para poder saber cómo llegan. Eso se debe registrar para mantener un orden y evitar que se pierden”. Además, indicó que son alrededor de 70 millones de pesos los que abona el Estado en salarios a empleados sancionados o suspendidos de sus funciones.

También, Lorenzo agregó que con los que están más avanzados, “ya estamos organizando audiencias para poder seguir el curso de los procesos y enfocarnos sobre todo en los agentes que están suspendidos con goce de haberes, ya que se le genera un gasto a la provincia y ellos no saben cuál es su situación real”.

Luego, advirtió que hay muchos que ingresaron en un estado especial y van a archivo: “Ya sea por jubilación, fallecimiento o porque ya no trabaja en el Estado. Una vez que finalicemos con toda esta clasificación podremos tener un panorama más claro”. Por último, el letrado concluyó: “Buscamos evitar que se siga perjudicando a las arcas del Estado y es una situación injusta para los compañeros que trabajan en su labor y asumen otras tareas y para el empleado, que no sabe su real situación jurídica”.