El Gobierno de San Luis rechazó la propuesta de pago de la deuda que hizo la Nación

El Gobierno de San Luis rechazó la propuesta del Gobierno nacional por el pago de la deuda de 15.000 millones de pesos que mantiene el Estado Nacional con la provincia, cuyo plazo para acordar una forma de pago vence en septiembre próximo.

Tras una reunión en la Secretaría de Provincias de la Nación, de la que participaron la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur, junto al fiscal de Estado, Eduardo Allende, se rechazó la oferta federal que pretendían pagar con un bono con 3 años de gracia, intransferible, que está fuera del mercado.

"Es un bono que no es atractivo en el mercado y no compensa el daño económico ni patrimonial que sufrió San Luis por años", expresó Zabala Chacur a Télam.

El secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, fueron los encargados de recibir a los funcionarios puntanos y comunicar la oferta del Gobierno nacional que había sido enviada el 11 de julio y recién ayer salió a la luz.

"El 11 de julio recibimos una propuesta de pago de deuda que consistía en un bono que no mejoraba para nada la que recibimos anteriormente, y en ese marco pedimos la audiencia a la que iba a asistir el gobernador que, por una cuestión de agenda, no pudo estar presente", expresó la funcionaria puntana a la salida del encuentro en Capital Federal.

"La deuda tiene un monto cierto desde hace varios meses. La Corte Suprema se expidió en cuanto a la tasa de interés con lo cual nosotros tenemos una deuda líquida, que es lo que exigimos. La deuda tiene que ser, tal cual, líquida y en este marco el bono que nos ofrecen carece precisamente de liquidez. Este es un bono que posee tres años de gracia, intransferible y que tiene una tasa de interés del 6 por ciento. La Provincia no está dispuesta a aceptarlo", sostuvo.

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende también opinó respecto de la oferta que hizo Nación.

"Dejamos muy en claro en esta reunión que la Corte Suprema fijó un ultimátum de 120 días que empezaron a correr a partir de febrero pasado. Este plazo se vencerá en los primeros días de setiembre, con lo cual, si no tenemos una respuesta favorable por parte del Estado Nacional sobre cómo hará frente a esta deuda, tendremos la posibilidad de ejecutar esa deuda, trabar algún embargo o cualquier medio forzado de ejecución para cobrar esa deuda", adelantó.

En febrero pasado, el máximo tribunal del país determinó las pautas para fijar el monto de los fondos coparticipables que el Estado nacional debe devolver a la provincia en un plazo no mayor a 120 días.