Denunciaron penalmente a la ministra de Hacienda y la directora de Rentas

El ex diputado de San Luis, Félix Quiroga Besso, radicó el viernes una denuncia penal por exacciones ilegales contra la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur y la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP), Cecilia Badaloni.

​Quiroga Besso denunció que Rentas le debitó con diez días de anterioridad a lo pactado de su cuenta bancaria pagos que había celebrado con esa repartición por el impuesto inmobiliario rural. Los débitos se realizaban mensualmente con toda normalidad el último día hábil de cada mes, pero en agosto el descuento lo hizo con 10 días de anticipación, lo cual provocó desequilibrios en su cuenta bancaria, según informó La Gaceta Digital.

El ex diputado provincial ante dicha situación intimó con una carta documento a la DPIP, para que le brindaran explicaciones, pero como no las consiguió, formalizó una denuncia pena, con el patrocinio de los abogados Ricardo Bazla y Ricardo Pereira, contra las funcionarias del Gobierno provincial responsables de la recaudación de impuestos.

Según publicó El Chorrillero el débito anticipado fue realizado a más de veinte mil contribuyentes en toda la provincia, algunos de los cuales quedaron con sus cuentas en rojo a raíz de la ilegal maniobra que efectuó el organismo público.

Ricardo Bazla, uno de los abogados confirmó que: "El caso de Quiroga Besso tomó estado público y a los pocos días, sorpresivamente encontró que en su cuenta habían efectuado un depósito en efectivo por el mismo importe descontado por Rentas. La coincidencia en los números era demasiado grande y él no tiene deudores o personas que le depositen cifra alguna en su cuenta bancaria. Por ello, consultó al banco y se dio con la novedad que el depósito fue realizado en la sucursal de San Luis capital, cuando su cuenta pertenece a la sucursal de Villa Mercedes, del banco Santander Río".

"Todo indica que fue un empleado de Rentas el que hizo el depósito en efectivo. Algo totalmente inusual en el manejo de los dineros públicos provinciales, que necesariamente están bancarizados y que en estos casos, debería haberse realizado el reintegro mediante una transferencia", agregó.

La denuncia penal fue por la posible comisión del delito de exacciones ilegales, previsto en el artículo 266 del Código Penal y recayó en el Juzgado a cargo de Virgina Palacios.