Dos hombres lo acusan a él y a su socio por privación de la libertad, torturas y amenazas de muerte. Además estaría implicada la policía.


Javier Ontiveros es el hombre que estuvo condenado por el asesinato del estudiante universitario, Fabio Bea. Ahora no puede acercarse a un ex empleado suyo de una distribuidora de fiambres y lácteos, por orden judicial.

La restricción fue dictada el viernes por el juez Correccional 2 de San Luis, Juan Manuel Montiveros Chada. Según informó a El Diario de La República la abogada María Belén Levingston, representante de Gustavo Rosales, el hombre que denunció a Ontiveros por haberlo secuestrado, torturado y amenazado de muerte.

Ontiveros (izq.), junto a su abogado, en el juicio oral por el asesinato de Fabio Bea en octubre del 2004. Foto: El Diario de la República.

La prohibición de acercamiento a Rosales y a su familia fue solicitada por Levingston y no es solo para Ontiveros, sino también para su socio en la distribuidora, Cristian Farías.

Además, Rosales no es el único que ha denunciado a Ontiveros y Farías. Los comerciantes también fueron acusados por Fernando García, otro preventista que trabajaba para ellos.

La Justicia de San Luis también deberá investigar si en los delitos en los que habrían incurrido los comerciantes no tuvieron alguna intervención algunos policías, le aseguró al mencionado medio local la fiscal Sonia Fernández.

García y Rosales acudieron a la Justicia para solicitar una investigación penal contra los dueños de la empresa. Aseguran que los privaron de la libertad, los golpearon y los amenazaron con cortarles los dedos, para que dijeran dónde tenían el millón de pesos que, según Ontiveros, le habían robado de una caja de seguridad que tenía en su departamento, en el centro de la ciudad de San Luis.

El sábado pasado, el abogado Jorge Sosa, que representa a García, afirmó que ha presentado un escrito planteando la incompetencia del juez Montiveros Chada en la causa. “Acá el delito investigado es privación ilegítima de la libertad, cuya pena supera el monto de cuatro años de prisión, que es el límite para que intervenga el juez Correccional. La causa tiene que ser remitida a un juzgado Penal”, afirmó el letrado.

Por su parte el juez Montiveros Chada dijo que deben determinar “qué delitos se habrían configurado, para establecer si se trató de delitos correccionales o delitos penales”.

“Hay dos expedientes. Estoy evaluando la procedencia de la acumulación de ambos en una sola investigación. La fiscal ha pedido una serie de medidas la semana pasada y en cuanto ella, las pidió las ordenamos, ya están en pleno trámite”, evaluó Montiveros Chada.

Por otra parte, reveló que el jueves pasado, uno de los denunciantes hizo una nueva presentación ante la oficina de denuncias del Poder Judicial. “Lo que expuso tiene relación con el hecho original”, afirmó. Pero no quiso dar detalles porque la investigación está en sus primeros pasos.

La fiscal Fernández solicitó que el juez enviara un oficio a la Jefatura de Policía, para que suministre las nóminas de los efectivos que estaban de guardia el día de los hechos, el 21 de octubre de este año, en la Comisaría 2ª y en el cuerpo táctico COAR.

Eso se debe a que, según uno de los denunciantes, las torturas fueron presenciadas por un hombre que sería policía, al que Ontiveros y Farías llamaban “Coar”, y luego llegaron otros dos efectivos, un hombre y una mujer.

“Hemos pedido copia autenticada de los libros de novedades de las dependencias policiales”, concluyó la fiscal Fernández.




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