El gobierno de San Luis demandó a la Nación por el incremento a las tarifas de gas

El amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.

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El Gobierno de San Luis demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) ante la Justicia Federal por el alto incremento a las tarifas del gas.

El amparo judicial fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, y tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional , por el cual también exigió la "inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los aumentos en la tarifa del gas", sostuvo en la denuncia.

Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario. Para el Estado sanluiseño, esa determinación viola los derechos de los consumidores y específicamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.

La acción exige además una mayor transparencia en la metodología de facturación en el servicio a usuarios de la Provincia de San Luis, ya que –según los fundamentos que redactó Fiscalía de Estado- se encuentran “violentados los principios constitucionales de legalidad y el de equidad, así como la previsibilidad, que hace a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos; lo que produce un resultado confiscatorio y violatorio de garantías constitucionales y que excede cualquier límite razonable”, indica la denuncia.

El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, opinó que "el aumento del gas se produce en paralelo a la devaluación la moneda nacional y las consecuencias no pueden ser soportadas".

Allende remarcó que “debe acogerse favorablemente esta acción en beneficio de los derechos de usuarios y consumidores. También para garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales vinculados a la salud y a la educación, entre otros”, aclaró.