Liberaron a parte de los 13 acusados por denunciar falsos siniestros viales

La Justicia confirmó que investigan al menos seis casos y hay otras personas que serán imputadas en libertad.

La Policía de Investigaciones (PDI) fue la encargada de dar con los involucrados mediante una serie de allanamientos. (Notife)
La Policía de Investigaciones (PDI) fue la encargada de dar con los involucrados mediante una serie de allanamientos. (Notife)

Nueve de las 13 personas detenidas por denuncias de falsos siniestros viales fueron liberadas este domingo. La Justicia santafesina confirmó que todas fueron imputadas por asociación ilícita y estafa, mientras que un nuevo grupo de cuatro sospechosos fue identificado como parte de los hechos investigados, aunque no fue necesario solicitar su arresto.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los tres de los cuatro abogados implicados son considerados organizadores de las maniobras para cobrar por choques que jamás ocurrieron. A ellos se suma en ese escalón un empleado de un hospital público, quien ya quedó bajo prisión domiciliaria después de la audiencia que se llevó a cabo en los Tribunales provinciales.

Entre los letrados antes mencionados hay dos que fueron señalados por cohecho activo y como contrapartida de ese delito apuntaron a un policía. La lista de imputados se completa con un cuarto abogado, dos estudiantes avanzados de Derecho y cinco civiles implicados en seis delitos diferentes. En algunos casos sólo se trata de intentos de estafa que no prosperaron, de acuerdo a las pruebas recabadas por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza.

"Buscaban personas que hubieran sufrido algún tipo de lesión y las presentaban como si hubieran sido provocadas en un accidente de tránsito. A su vez, buscaban a otra persona que fuera titular, poseedor y/o conductor de un vehículo asegurado en alguna compañía, a quien presentaban como el responsable de la colisión", detallaron las funcionarias.

Este lunes la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de los presuntos jefes de la asociación ilícita que operaba desde junio para engañar a las empresas prestatarias y al personal de dependencias públicas que emitía documentación de los supuestos siniestros.