Concejo Deliberante de Tres Arroyos: cuestionamientos al oficialismo y al delegado por reclamos laborales en Reta

Este jueves sesionó el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde se aprobaron casi todos los puntos del orden del día de la segunda sesión ordinaria del mes, a excepción del vinculado a reclamos de trabajadores municipales de Balneario Reta, planteado por la bancada de Todos, que fue acompañado por Juntos.

En el debate sobre este tema se incluyeron alusiones a “precarización laboral” y “aprietes” por parte del oficialismo a los agentes comunales y también a quienes desempeñan tareas abonadas mediante planes comunitarios y asistencias técnicas.

Los bloques opositores también trajeron al recinto los cuestionamientos al delegado de Reta, Lucas Oviedo, que ya venían poniéndose de manifiesto en las reuniones de comisión.

Obtuvieron consenso otras demandas relacionadas con las localidades, como el requerimiento del servicio de psicología en el CAPS de Orense, por parte de Todos, lo que se concatenó con un planteo similar de Juntos en torno a la necesidad de fortalecer la atención primaria de la salud en todo el distrito.

Al mismo tiempo, y ya en relación con servicios netamente turísticos, se reclamó desde esta última bancada la presencia de guardavidas de noviembre a abril y la provisión de vehículos y motos de agua en condiciones.

Finalmente, se hizo hincapié en la falta de información pública respecto del estado del agua en Reta, lo que se extendió también a la que se consume en la ciudad cabecera.

También se dio despacho favorable a la creación de una plaza en 34 y 39 de Claromecó, y a la licitación del exparador Nautilus en Reta.

Banca Ciudadana

Rosana Patricia Donadío, enfermera, usó la Banca Ciudadana representando a varios sectores del Hospital Pirovano, y puso de manifiesto la preocupación por la falta de respuesta y resolución a la declaración de servicios insalubres y su impacto en la jubilación de los agentes que los prestan.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha declarado la salubridad de estas tareas, el Instituto de Previsión Social exige una declaración del Poder Ejecutivo. Esto ha causado que los trabajadores no puedan acceder al beneficio jubilatorio y tengan que volver a trabajar hasta cumplir con los requisitos de una jubilación ordinaria.