La Justicia había ordenado que se garanticen los derechos a una vivienda digna y estudios para Lucía, la menor embarazada producto de un abuso.


En las últimas horas, el Gobierno de Tucumán dio cumplimiento con la sentencia alcanzada por la Justicia que ordena que se garanticen los derechos a una vivienda digna y estudios para Lucía, la menor embarazada producto de un abuso por parte de su abuelastro y luego sometida a una cesárea.

A su vez, la medida alcanza, también, al grupo familiar de la menor, integrado por sus hermanas y su madre. “Celebramos este logro que es producto de la lucha de las organizaciones de mujeres y que permitirá que la niña pueda estar con su familia”, señalaron en un comunicado Andhes y Cladem, organizaciones que acompañaron a la menor.

Anteriormente, en un fallo de diciembre pasado, la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, determinó medidas de reparación de los derechos vulnerados a Lucía por parte del PE. Seis meses después, el Gobierno otorgará una casa equipada para que Lucía pueda vivir junto a su mamá y sus hermanas, y un trabajo en el Estado para la madre de la niña.

Además, las menores serán inscriptas en una escuela cercana a su nuevo hogar. “El innecesario sufrimiento de Lucía fue provocado por el incumplimiento de las leyes por parte de efectores de salud que priorizaron sus convicciones religiosas por sobre las leyes y la salud de mujeres y niñas”, manifestaron a través del documento.

Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y dejó embarazada en febrero de 2019. La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), a lo que accedió después de muchas dilaciones y, como la gestación estaba avanzada, tuvieron que practicarle una cesárea.

El bebé, que pesó 600 gramos, murió a los pocos días de nacer debido a problemas respiratorios severos, explicaron los médicos. El 14 de febrero pasado se realizó un juicio abreviado, en el que el abuelastro, fue condenado a 18 años de prisión.

Por último, el comunicado puntualizó: “Como lo venimos denunciando, el embarazo infantil forzado es tortura. Por eso seguimos exigiendo que el Estado cumpla con las medidas de no repetición que garantizarían no tener nuevos casos Lucía”.

“Reclamamos capacitación al personal de Salud y cumplimiento de las Interrupciones Legales de Embarazos en el sistema público de salud, los obstáculos para acceder a las ILE son el último eslabón de sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos a las niñas que el Estado sigue reproduciendo por acción y omisión”, concluyó el documento.




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