El desafío financiero después de octubre: conseguir plata para los vencimientos

Caído el acuerdo con el FMI, en medio del recambio de gobierno se acumulan obligaciones por US$ 2.200 millones

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, y Sergio Massa. Foto: Prensa Ministerio de Economía
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, y Sergio Massa. Foto: Prensa Ministerio de Economía

Tras las últimas medidas económicas que significaron una expansión del gasto público, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó virtualmente caído y se deberá apelar a una nueva ingeniería financiera para hacer frente a los vencimientos de noviembre y diciembre para evitar el default con el organismo.

Diferentes cálculos estiman que el flujo de dinero volcado a diferentes bolsillos en las últimas semanas abre un bache adicional de entre 1,5 y 1,9% puntos del PBI.

De esta forma, el FMI no podrá aprobar la revisión de noviembre y desembolsar los US$ 2.500 millones previstos que calzaban con vencimientos por un monto similar durante el último bimestre del año.

“El Gobierno sabe que con las medidas anunciadas el programa está caído. Estimo que el próximo desembolso del FMI será recién después del cambio de gobierno”, sostuvo Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI ante la consulta de este medio.

En similar sentido se pronunció el exdirector para el Hemisferio Occidental del organismo, Claudio Loser, quien sostuvo que “el FMI en este momento no tiene ningún instrumento de acción dentro del programa. Ya se desembolsó todo lo disponible. Por ello el ministro está gastando en forma caótica”.

Loser sostuvo que “formalmente el FMI mirará las cosas en noviembre y dirá qué hay que negociar. En ese momento sería con los nuevos (o viejos)” pero insistió en que no tiene margen de acción: “Mientras tanto puede el directorio expresar su desagrado o que se haga una declaración de prensa”.

Consultado por este medio, el ex funcionario señaló que el FMI “técnicamente podría cancelar el programa antes de tiempo”, pero señaló que “no es una opción práctica”.

“Lo más probable es que se comience a renegociar con nuevas metas. Eso es lo que vienen haciendo por lo menos desde hace un año”, indicó.

En ese sentido señaló que una posibilidad es que el país tenga que conseguir préstamos puente para seguir con los pagos en forma regular y mantener la negociación.

El FMI no termina un programa por cambio de gobierno. La economía es la misma de todos modos”, subrayó.

En este escenario, Torres afirmó que “sería muy importante que se pudieran iniciar conversaciones con el FMI antes del cambio de Gobierno, apenas se confirme quien ocupará la cartera de economía en el próximo gobierno”.

Este diálogo será fundamental ya que si el resultado electoral se define en segunda vuelta, el Gobierno que sea electo el 22 de noviembre tendrá pocos días para evitar entrar en default con el FMI ante la obligación por U$S 691 millones que opera justo ese mes.

La toma del mando será el 10 de diciembre cuando ya estén corriendo los plazos para el pago de otros US$ 923 millones. Si sumamos los pagos a otros organismos internacionales se añaden US$ 581 millones. Y en caso de una prolongación de las negociaciones se acumularán con los ya previstos para el primer trimestre de 2024 que suman US$ 3.200 millones.

Por consiguiente si la nueva administración no asume con fuertes respaldos políticos y económicos se verá sumamente condicionada desde el primer minuto de mandato.

“Argentina va a estar en atrasos con el FMI hasta que el nuevo gobierno arregle un nuevo programa”, vaticinó Alejandro Werner, también exdirector del Departamento Occidental del FMI ante la consulta de este medio.

El problema que deberá enfrentar el gobierno que asuma el 10 de diciembre es el deterioro general de la economía y la absoluta falta de credibilidad tras las últimas medidas adoptadas que van en sentido contrario a lo firmado con el FMI hace apenas un mes.

Sólo la reforma del Impuesto a las Ganancias genera un bache fiscal de 0,83% del PBI –equivalente a $ 3 billones- cuando el organismo había avisado que la nueva administración deberá seguir ajustando el gasto.

OPC estimó que “para el Tesoro se estima un impacto fiscal en 2024 negativo equivalente a 0,30% del PIB ($1,05 billones a precios de 2024)” y proyectó que el Poder Judicial nacional tendrá un impacto de $100.500 millones (0,03% del PBI), la AFIP otros $55.600 millones (0,02%) y fondos para Aportes del Tesoro Nacional por poco más de $28.000 millones.

En otro orden, un informe de la consultora Aurum señaló que, si bien el BCRA sumó 27 jornadas consecutivas sumando divisas, las reservas netas no crecen debido a que son utilizadas para la intervención diaria en el mercado de cambios.

El miércoles la absorción fue de apenas $1 millón, sumando en septiembre US$ 531 millones.