El procedimiento de Bonadío en Sunchales sería por una causa derivada de los "cuadernos"

El mediodía sunchalense se vio conmovido este lunes, cuando un patrullero de la Policía Federal Argentina, estacionó frente al edificio en donde funciona la Municipalidad . Los efectivos preguntaron por el actual intendente y decidieron esperarlo. No estaban allí de manera aleatoria: estaban cumpliendo órdenes del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadío.

De acuerdo a versiones periodísticas, investigan la facturación que hacía Romina Iacovino, la esposa de Germán Nivello. Este era Subsecretario de Obras Públicas. Es decir, el N°2 de José López, famoso por haber arrojado los bolsos al convento, el 14 de junio de 2016.

Sunchales no fue la única localidad: también estuvieron involucradas en procedimientos similares: Timbúes, Pavon, Arroyo Leyes, Roldán, Granadero Baigorria, Santa Rosa de Calchines, Gálvez y Llambi Campbell. Incluso, también los federales llegaron a otras provincias. De acuerdo a Infobae, fueron 30 los municipios en donde se realizó esta Orden de Presentación (no allanamiento). Entre los cuales figuran Río Turbio (Santa Cruz), Animaná (Salta), Tunuyán (Mendoza) y Londres (Catamarca).

Fiscal de la causa, que recién se inicia, es Gerardo Pollicita.

Según Sin Mordaza las facturas estaban a nombre de la firma AR Obras y Servicios de Axel Rubenacker, que estaría domiciliado en Unquillo, Córdoba. Romina Iacovino les conseguía obras a los intendentes, les ponía las empresas y les facturaba los servicios de la "coima" con una factura de servicios profesionales.

Según los informes preliminares, los allanamientos lograron el objetivo buscado y hallaron gran cantidad de facturas en los municipios.

Recordemos que Nivello fue el primer exfuncionario del kirchnerimo en reconocer los sobornos. Luego de declarar como imputado en agosto de 2018, decidió colaborar con la Justicia.

La Municipalidad de Sunchales, al igual que la de Galvez, emitieron un comunicado oficial. El mismo decía: ​ "Se informa que en la mañana del 23 de diciembre, agentes de la Policía Federal Argentina se apersonaron en el Palacio Municipal en búsqueda de documentación contable, en el marco de una investigación de la Justicia Federal.

"El requerimiento era respecto de 4 facturas realizadas en el período de una gestión municipal predecesora, entre los meses de mayo y de octubre del año 2015.

"El concepto expresado en las facturas es de "honorarios" y en el Oficio Judicial se solicita un detalle pormenorizado de los servicios realizados a favor de la Municipalidad, que constan en la documental requerida.

"Las autoridades del Municipio brindaron inmediata colaboración con la investigación de la Justicia Federal que todavía está en curso".