Guillermo Lasso disolvió el Parlamento, llamó a elecciones y profundiza la crisis en Ecuador

Guillermo Lasso firmó el decreto de la “muerte cruzada”, una medida que disuelve la Asamblea Nacional. A su vez, el presidente llamará a elecciones para completar el período presidencial que resta hasta el final de su mandato.

El presidente tomó esta medida un día después de que se iniciara la última instancia del juicio político en su contra, donde se lo acusa de malversación de fondos en perjuicio del Estado y la oposición tendría los votos para destituirlo.

Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”, por lo que decidió tomar esta medida constitucional.

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Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días.

Quienes resulten electos en esos comicios tendrán que completar el tiempo restante de mandato hasta mayo de 2025. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.

La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.

¿Qué es la “muerte cruzada”, el decreto que firmó Lasso?

La decisión se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había advertido que si el presidente decidía aplicar esta herramienta, marcharían hasta lograr que Lasso revierta su decisión, algo que difícilmente suceda.

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