Una empleada del gobierno mendocino fue cesanteada por pedir mercadería a cambio de no poner multas

El Gobierno de la provincia decidió echar a una inspectora de la Dirección de Fiscalización y Control tras confirmar los sobornos.

Durante la jornada de este miércoles, se confirmó por medio del Boletín Oficial, la cesantía de Elena Fabiana Yunes, una inspectora de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Economía y Energía.

El gobierno decidió cesantear a la mujer luego de las acusasiones, de corrupción.
El gobierno decidió cesantear a la mujer luego de las acusasiones, de corrupción.

La decisión fue tomada luego de que un encargado de un supermercado, ubicado en la zona de Carrodilla, acusará a la mujer de pedir mercadería como soborno a cambio de no efectuar multas. En el Boletín Oficial se pueden leer los dichos del empleado del supermercado, quien aseguró que la trabajadora estatal había pedido dádivas.

“Si nosotros le dábamos algo para evitar multas, ellos harían las actas diciendo que estaba todo en orden y no nos harían las multas”, explicó el hombre.

“Las mismas son muy elevadas según el motivo. Piden mercadería por el valor de $1.000 cada uno. Los inspectores toman carros, hacen como que controlan la mercadería, pero en realidad están comprando cosas para ellos. Luego hacen las respectivas actas donde dicen que se encuentra todo en condiciones”, había señalado el empleado al explicar el modus operandi de la inspectora y sus acompañantes.

Los hechos que ahora son de público conocimiento ocurrieron el 9 de septiembre de 2016. Cabe destacar que, la denuncia abarca a más personas. La investigación plasmada en el decreto 1642/20 establece que solo se sanciona a una inspectora, ya que las otras dos apuntadas tenían contratos de locación de servicios y no podían ser sumariados.

Luego de estos hechos, se conoció una situación similar en otra sucursal de la misma cadena, pero en Eugenio Bustos, y los dos casos quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

A estas denuncias se le sumó la realizada por María Teresa Badui, ex directora de Control de Gestión del ex Ministerio de Economía. A partir de la cual se abrió una investigación por parte del Poder Ejecutivo.

Actualmente, además de la cesantía sujeta a exoneración, se comenzó una causa penal por el delito de cohecho activo.

Fuente: Los Andes y Sitio Andino.