Capitanich instruyó a la cúpula policial con la premisa "el Estado debe ser ejemplo de paz"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, convocaron este jueves a la Policía a poner en marcha nuevos protocolos en materia de seguridad pública a raíz de los hechos de violencia institucional sucedidos en la localidad de Fontana, motivo por el cual el gobierno apartó de sus funciones a los policías implicados y se constituyó como querellante en la causa.

"Así como se tomó una decisión en forma inmediata, tenemos que ser capaces de generar un proceso a partir del cual hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, porque el Estado debe ser ejemplo de paz", afirmó el mandatario ante jefes y autoridades de la Policía del Chaco, y acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez.

"Nuestras comunidades originarias han tenido una agresión sistemática en más de 500 años de historia, y son víctimas – no solamente de la agresión del despojo de sus tierra – sino también de la exclusión social. Los hechos ocurridos en Fontana de ningún modo pueden ser avalados, son inadmisibles en la provincia y en el país que seguimos construyendo", manifestó.

Los protocolos de intervención tendrán un carácter preventivo, indicó el gobernador, con el objeto de "preservar y mantener el orden público y al mismo tiempo, predicar y garantizar la paz social". En esa línea anticipó que modificará la estructura del Comité de Prevención contra la Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.

El gobernador insistió en la necesidad de un manual de buenas prácticas de la policía de la provincia y la importancia de la capacitación permanente y obligatoria en políticas de género, como la Ley Micaela, derechos humanos e indígenas, como la Ley de Interculturalidad.

También planteó la relevancia de la puesta en marcha de protocolos de actuación ante vulneraciones de DD.HH, que tiene que ver con la reglamentación de la guardia permanente de Derechos Humanos, la notificación de hecho intervención, y la comunicación.

​MEDIDAS, PUNTO POR PUNTO

1. Agenda legislativa: a) Policía judicial, b) Peculio, c) Juicio por jurado, d) Escuela judicial;
2. Inteligencia criminal para delitos complejos. Delitos comunes. Contravenciones;
3. Comité de Prevención contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes que será modificado en su estructura incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros;
4. Aplicación integral de la Ley de seguridad democrática (artículo 89). Dirección de Control Policial. Reglamentación y ejecución de la auditoría interna, inspecciones preventivas y defensoría letrada;
5. Protocolo de actuación ante vulneraciones de derechos humanos. Reglamentación de la guardia permanente de DDHH. Notificación de hecho. Intervención. Comunicación;
6. Defensoría del Policía. Regulación y selección;
7. Manual de buenas prácticas de la policía de la provincia. Capacitación en políticas de género. Derechos humanos. Derecho Indígena. Ley Micaela. Ley de Interculturalidad Obligatoria para todos los agentes públicos;
8. Cupo indígena para la integración a las fuerzas de seguridad.