Confirmaron el procesamiento de Aida Ayala por fraude a la administración pública

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de apelación y confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de la diputada nacional por el Chaco, Aída Ayala, por el delito de fraude a la administración pública.

Quedaron firmes también los procesamientos de Matías Balmaceda Paiva, y del comerciante Claudio Tolosa, quiénes habrían formado parte de la maniobra de direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del Municipio de Quitilipi, cuando Ayala se desempeñaba como Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, durante el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri.

La resolución fue dictada el martes 15 de diciembre, y lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá. Así, se ratifica el procesamiento dictado hace casi un año por la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, al que se sumó un embargo por un millón de pesos contra la ex intendenta de Resistencia y el resto de los procesados.

Esta causa se inició en 2.018 con una investigación preliminar a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, a partir de la recepción de una denuncia anónima que estaba acompañada de documentación por las irregularidades cometidas en el Municipio de Quitilipi.

Luego se supo que el denunciante “anónimo” era el propio intendente local Sergio Carlos Casalboni, quién en octubre pasado también fue procesado por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y cuya apelación se encuentra pendiente de resolución por parte de la Cámara Federal.

En la causa se investigan presuntas contrataciones estatales irregulares por parte de la Municipalidad de Quitilipi (Chaco), bajo la intendencia de Carlos Sergio Casalboni, vinculadas a la actividad de la Ing. Aída Máxima Beatriz Ayala como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación quien, desde esa función determinante, direccionaba contrataciones a través de Matías Balmaceda Paiva y otro de sus colaboradores, para la adquisición irregular de determinados bienes y servicios en el establecimiento perteneciente a Claudio Alejandro Tolosa (Service Hogar), mediante su compra directa y pago de sobreprecios, con total desapego de la normativa vigente y sin llevar a cabo la correspondiente rendición de cuentas.